1er. TIEMPO: El costo de la incompetencia y la soberbia. En 29 días, presumió Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, la noche del 26 de septiembre de 2014, estaba concluida. Se lo dijo al procurador Jesús Murillo Karam, y al gabinete de seguridad. Habían detenido a casi 100 personas, obtuvieron las confesiones del crimen y confirmaron la red de protección institucional en Iguala. “Se lo tienes que explicar al presidente”, le dijo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Días después en Los Pinos, tras su exposición, le dijo el presidente Enrique Peña Nieto: “No quiero pasar como el presidente que asesinó a los estudiantes”. Sólo había un problema: cómo explicarían lo que sucedió. ¿Cómo pasaría Peña Nieto a la historia si se supiera la forma cómo actuó en los primeros momentos y días después de sucedido? La verdad era que Peña Nieto y su equipo dejaron de actuar porque soslayaron las consecuencias que tendrían sus acciones, y actuaron a partir de un diagnóstico fallido. Esa noche del viernes 26, el gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre, le habló al subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, para decirle que había un problema de violencia con los normalistas de Ayotzinapa. Aguirre sólo tenía comunicación con sus colaboradores, porque el Ejército, que tenía a dos soldados infiltrados entre los 43 y estaban monitoreando las comunicaciones de los normalistas, nunca le dijo nada. En el gobierno federal minimizaron lo que estaba sucediendo. Al día siguiente, Peña Nieto preguntó a sus colaboradores si sería conveniente que la PGR atrajera el caso. Varios asintieron, pero el presidente se quedó con la opinión de Aurelio Nuño, su jefe de Oficina: es un problema municipal, dijo, que el gobierno de Guerrero lo atienda. El domingo en Los Pinos, Murillo Karam minimizó lo sucedido como un problema “entre narcotraficantes”, y recomendó no decir nada porque “seguramente” irían apareciendo los normalistas. Hasta el 30 de septiembre Peña Nieto se refirió a la desaparición de los normalistas, pero insistió en que lo tenía que resolver la autoridad estatal. Durante 15 días estuvo el gobierno paralizado. En un momento consideraron que Aguirre pidiera licencia, pero Peña Nieto lo rechazó porque, dijo, no resolvería nada. Cuando finalmente le pidieron la renuncia, ya era demasiado tarde. Todo se había podrido. El gobierno de Peña Nieto se desplomaba. Murillo Karam cerró el caso aduciendo que lo que informó Zerón era “la verdad histórica”. Cuando se percataron del error cometido, derivado de su incompetencia y soberbia, un crimen municipal se había vuelto de Estado.
2o. TIEMPO: El costo de la falta de oficio y sensibilidad. La noche del 26 de septiembre de 2014 comenzó una cadena de omisiones y negligencias. El gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre, hizo dos llamadas telefónicas con el mismo mensaje: se había desatado la violencia contra normalistas de Ayotzinapa en las calles de Iguala. Una fue al subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, y la otra al general Alejandro Saavedra Hernández, comandante de la 35ª Zona Militar. El general le dijo que preguntaría lo que estaba sucediendo; el subsecretario tomó nota y le dijo a sus colaboradores que estuvieran atentos a la prensa del día siguiente porque “algo” había pasado en Iguala, y quería ver su impacto en la opinión pública. El sábado 27 no hubo mucha información, salvo en la prensa de Guerrero, pero el domingo, fue titular principal en varios diarios de la Ciudad de México. El que fueran normalistas de Ayotzinapa permeó como prejuicio contra los jóvenes. “Todos son delincuentes”, respondió un alto funcionario en Los Pinos cuando se le preguntó por qué no había intervenido el gobierno federal. No comprendían que el ser estudiantes, y sobre todo de Ayotzinapa, tenía una fuerte carga política donde no serían percibidos como victimarios, sino como víctimas. En Los Pinos sudaban arrogancia. Descalificaban críticas y cuestionaban los argumentos en la prensa política. Su prepotencia los hizo minimizar dos conflictos que les habría servido para no repetir sus errores: la masacre de Aguas Blancas, en Guerrero, en 1995, donde fueron asesinados 17 campesinos, y pese a la rápida intervención del gobernador Rubén Figueroa, las cosas se aplacaron hasta que renunció 10 días después; y la matanza de Acteal, donde un grupo paramilitar vinculado al gobierno de Chiapas asesinó en 1997 a 45 indígenas tzotziles, que provocó la caída del secretario de Gobernación, Emilio Chuayfett.Peña Nieto cedió ante la presión pública, y nueve días después del crimen, la PGR atrajo el caso. Durante meses, en la mesa de seguridad en Guerrero, que encabezaba el Cisen, se documentaron los crímenes de Guerreros Unidos –los asesinos de los normalistas– y su vinculación con el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, hermana de los fundadores de ese grupo. Abarca, demostró el fiscal de Guerrero, Iñaki Blanco, estaba vinculado con el asesinato de un dirigente social en 2013 y había pedido repetidamente a la PGR que atrajera el caso. Lo ignoraron hasta que todo era irreversible. Abarca y varios alcaldes en Tierra Caliente, estaban vinculado a Guerreros Unidos o a sus rivales, Los Rojos, se vio en esas mesas de seguridad, que también les habría permitido cortar las manzanas podridas en la Policía Federal y el Batallón 27º de Infantería en Iguala, que había sido identificadas. Y cuando vino la desaparición, el gobierno no entendió que estaba en una crisis. Por la información que trascendió de Los Pinos en esos días, no fue una conspiración para encubrir –aunque sí hubo esmero en cuidar al Ejército–, sino la prueba de un gobierno profundamente incompetente, cuya falta de oficio político dio entrada a unapesadilla político-jurídica que nunca dejó de perseguir a Peña Nieto ni a su gabinete.
3er. TIEMPO: La farsa de “la verdad alterna”. El 27 de septiembre de 2018, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se comprometió con los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron en Iguala en 2014, a esclarecer el crimen, encontrarlos, y que los responsables pagaran por sus delitos. El 18 de mayo siguiente, Alejandro Encinas, a quien nombró responsable de la Comisión para la Verdad de Ayotzinapa, ratificó el compromiso del gobierno y sancionar a “aquellos gobernantes que le dieron la espalda al pueblo”. Frases que gterminaron condenándolos. Al terminar ese sexenio, todo se redujo a una farsa, donde inventaron una “verdad alterna” a la “verdad histórica” del exprocurador Jesús Murillo Karam, que fue una mentira y y un engaño a los familiares de las víctimas. Los dos se embarcaron en buscar un crimen de Estado y llevar a la cárcel a generales, tenientes, soldados, y poner tras las rejas a exfuncionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto. Encinas y el fiscal que escogió para el caso, Omar Gómez Trejo, fabricaron testigos y pruebas, violaron la ley y cuando el Presidente ya no quiso seguir culpando a militares, y construyeron la narrativa de la impunidad. El presidente traicionó a Encinas, a quien después de aprobar su investigación contra el Ejército y avalar las órdenes de aprehensión contra 16, reculó y lo sacrificó. En esa línea se sustentaba la “verdad alterna”, que no sorportó su falsedad. Esa pareja utilizó a los criminales confesos de Guerreros Unidos, que argumentando que sus declaraciones habían sido obtenidas mediante torturas, fueron liberados por el juez Samuel Ventura Ramos, del Tribunal Colegiado de Tamaulipas, para que Encinas y Gómez Trejo convirtieran a varios testigos cooperantes. El más importante de todos era Gilberto López Astudillo, El Gil, jefe de sicarios de Guerreros Unidos en Iguala, quien ordenó que los asesinaran, como se supo por la divulgación de chats interceptados por la DEA. El Gil fue utilizado para inculpar a los militares luego de obtener un criterio de oportunidad que le quitó la Suprema Corte porque , no aportó nada salvo el pretexto para armar lo que terminó desmorándose, un “crimen de Estado”, como siempre lo llamó López Obrador. En su incontenible cruzada contra el Ejército, Encinas y Gómez Trejo fabricaron mensajes de chats para culpar a mandos militares, pero fueron descubiertos por la prensa, con lo que comenzó a cambiar el rumbo de la investigación. López Obrador cesó a Gómez Trejo que insistía en procesar a militares, y despidió a Encinas, que en el siguiente gobierno, fue enviado fuera de México. Al final del sexenio obradorista, la conclusión sobre Ayotzinapa fue la misma que en el de Peña Nieto: no se sabe dónde están los normalistas, nunca aparecieron y los asesinos confesos de Guerreros Unidos, comenzaron a regresar a la cárcel para ser juzgados. Pura politiquería y humo. Doce años después, el gobierno de Claudia Sheinbaum va por una tercera versión de lo que sucedió, una tercera verdad sin calificativos.
Doce años después
Raymundo Riva Palacio
