1er. TIEMPO: Destaparon la cloaca sin saberlo. En marzo del año pasado, las presiones del gobierno de Donald Trump sobre el mexicano, tenían una inusual intensidad. Quería que los dejara participar en acciones contra los cárteles, entregar a narcotraficantes buscados por la justicia estadounidense, reducir el tráfico de fentanilo, y, sobre todo, actuar penalmente contra una lista, en ese tiempo se contaban los nombres con las dos manos, que señalaban por sus vinculaciones con el crimen organizado. La presidenta Claudia Sheinbaum convocó a su gabinete de seguridad y les dijo, de manera abierta y ambigua, si tenían algo, una investigación en curso que pudiera ser concluida para aminorar la presión de Washington. El secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales, recordó que el jefe de la Primera Zona Naval en Tampico, le había comentado poco después de asumir el cargo, que tenía una investigación sobre contrabando de combustible. En ese momento, meses atrás, no le había hecho caso, pero ante la urgencia de la presidenta, se lo comentó. Sheinbaum le pidió que lo llevara a verla y el almirante le explicó lo que tenía. La pregunta preguntó qué necesitaba; apoyo con personal, únicamente, respondió. La presidenta le dijo que contaba con lo que pedía y le ordenó regresar a Tampico para ejecutar la operación. Mientras el almirante viajaba e iniciaba la acción, no se dejó salir a ningún miembro del gabinete de seguridad del salón, quedando incomunicados, porque jamás se entra a esas reuniones con teléfonos. No quería la presidenta una filtración. El almirante produjo el aseguramiento del buque Challenge Procyon y el decomiso de 10 millones de litros de diésel de contrabando.Otro buque con un volumen similar, logró escapar. La Fiscalía General encontró una telaraña del horror en las entrañas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de marinos, funcionarios federales, agentes aduanales, abogados, contadores y empresas legalmente establecidas que ganaron ilícitamente cientos de miles de millones de pesos. A la cabeza de esa red se encontraban los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del entonces secretario de Marina, el almirante José Rafael Ojeda, a quien el gobierno quiso esconder. No pudo porque el 3 de septiembre, durante la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, a Palacio Nacional, le comentó al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que tenían registrados esos nombres como las cabezas del contrabando fiscal. Eso hacía imposible el encubrimiento. Lograron desplegar un blindaje a Ojeda, endeble, con hoyos por todos lados, pero que lo mantiene libre, pese a su conocimiento, cuando menos, del cáncer del huachicol fiscal que infectó a la Marina.
2º TIEMPO: Cómo nació el huachicol fiscal. En su idea, que no estrategia, de destruir todo lo que tenía que ver con el pasado, el recién juramentado presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo una gran idea: un desabasto de combustible inducido para comprar su lealtad ante las acciones radicales que estaba tomando, como la orden para no enfrentar al crimen organizado y la cancelación del aeropuerto en Texcoco. Quería que la Secretaría de la Defensa adquiriera pipas para el transporte del combustible y “resolver” el desabasto, por lo que instruyó al entonces canciller Marcelo Ebrard que las comprara. En enero de 2019, López Obrador anunció la firma de contratos para adquirir las primeras 571 pipas, que serían entregadas al Ejército. Lo que no había calculado era que el desabasto se le saliera de las manos al entonces director de Pemex, Octavio Romero Oropeza. Conseguir combustible rápido se convirtió en prioridad. Ebrard propuso un esquema de simulación fiscal, que no le gustaba mucho a López Obrador, porque sentía que iba a impactar en su popularidad. Pero no tenía de otra. Participaron en su instrumentacióndos directores de Aduanas, Ricardo Peralta y Horacio Duarte, y para el último tercio del sexenio, una quinta parte de todos los petrolíferos vendidos en México provenían del contrabando. El contrabando de diésel era prácticamente inexistente en México hasta 2018,cuando el diferencial negativo diario de barriles de diésel de exportaciones contra importaciones era 25 mil en ese año. Para 2019, las cosas habían cambiado significativamente. El diferencial negativo que subió a 57 mil en 2020, y se elevó en 2021, año de elecciones intermedias, a 88 mil. Para 2022, bajó a 15 mil, y en 2023, en vísperas de la campaña presidencial, se situaba en 21 mil. Durante ese periodo, el contrabando de diésel sumó casi 12 mil millones de litros, con pérdidas al erario en impuestos por más de 71 mil millones de pesos. El combustible que entró de contrabando tuvo múltiples utilidades. En 2021 financió campañas electorales de Morena, y siete gobernadoras y gobernadores llegaron al poder con dinero ilegal. Se utilizó para financiar tramos de la construcción del Tren Maya, del Tren Transístmico, la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Felipe Ángeles, en la Base Militar de Santa Lucía. Abrió oportunidades de negocios a un grupo de empresarios que crecieron al amparo de los hijos del expresidente y fortaleció las dos ramas del contrabando de combustible que se juntaron en esa estrategia, la de Chiapas y Tabasco, donde aparecían el senador Adán Augusto López Hernández y el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, el general Audomaro Martínez. Pero sobre todo, metió de lleno la corrupción a la Marina, donde el entonces secretario, José Rafael Ojeda, aunque protegido hasta la ignominia por el gobierno, quedará señalado como el militar que destruyó una respetada institución.
3er. TIEMPO: ¿Dónde está Ojeda? Cuando estalló el escándalo en la Marina en septiembre del año pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum le pidió al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que hablara con el almirante José Rafael Ojeda, para que participara en la estrategia de salida para él en el escándalo que estaba creciendo, y advertirle que si no funcionaba su plan, tendría que hacerse responsible por el desastre que había dejado en la Secretaría de Marina. Ojeda decidió, como estrategia, esconderse de la opinión pública. Se fue a Cancún a un departamento frente al mar que tiene un costo de 15 millones de pesos, en donde vivió por meses -en su declaración patrimonial no aparece esa propiedad, aunque no hay documentación que demuestre que él la compró-, y ahí se escondió mientras que dos fiscales, Alejandro Gertz Manero y Ernestina Godoy, siempre lo defendieron, señalaron que era inocente de lo que habían hecho sus sobrinos políticos -que dicen lo contrario-, y que no había ninguna investigación en su contra. La prensa lo buscaba y no lo encontraba, preguntándose ¿dónde estaba? Ojeda no andaba en fuga. En la Secretaría de la Marina sabían en dónde estuvo en todo ese tiempo, porque un exsecretario de las Fuerzas Armadas nunca pasa a retiro y tiene la obligación de informar en dónde se encuentra. Recientemente lo vieron jugando golf los sábados en el Club Campestre, jiunto a los legendarios Estudios Churubusco, en el sur de la Ciudad de México, sin mayor preocupación visible. Se sabe protegido porque es una pieza clave en la trama del huachicol fiscal, y la puerta de entrada en dado caso que llegara a ser juzgado, que llevaría directamente a Audomaro Martínez, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, el presunto gerente de la red criminal que se tejió en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que terminaría, inevitablemente, conectando al expresidente con sus ilícitas actividades.
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