1ER. TIEMPO.La conspiración vive. Treinta y un años después, el Caso Colosio vuelve a sacudir las entrañas del poder. La Fiscalía General de la República abrió nuevas líneas de investigación sobre el asesinato del candidato presidencial del PRI en 1994, Luis Donaldo Colosio, un crimen que definió el rumbo político del país y que, hasta hoy, sigue envuelto en sombras, silencios y conveniencias. El fiscal Alejandro Gertz Manero, lleva siente años tratando de construir un caso porque quisiera jubilarse con un expresidente en la cárcel. Los nuevos indicios -filtrados con cuentagotas desde los pasillos de la fiscalía- apuntan a revisar no sólo la actuación de los cuerpos de seguridad aquel 23 de marzo en Lomas Taurinas, sino también las omisiones deliberadas que pudieron haberse tejido desde las más altas esferas del poder político. En otras palabras, la fiscalía estaría retomando el expediente no para exonerar, sino para escarbar donde siempre se prohibió mirar: dentro del propio sistema. Ya tiene a su primera víctima, Jorge Antonio Sánchez Ortega, en aquel entonces un joven elemento del CISEN, enviado a Tijuana para informar de las actividades y eventos en los que estuviera Colosio. Gertz Manero lo acusa de haber sido “el segundo tirador” que mató a Colosio, y en el sexenio pasado logró meterlo a la cárcel. Un juez lo liberó por falta de pruebas, pero el fiscal no cejó. Hace unos días, volvió a lograr que lo detuvieran. La pregunta inevitable es: ¿por qué ahora? Una cosa es él y sus fobias, y otra el gobierno de la autodenominada “cuarta transformación”, que ha hecho de los símbolos una herramienta política. Reabrir el Caso Colosio es un acto de poder. Quienes siempre se quejaron de complots en su contra, sacaron de la chistera una conspiración. Primero fue Alfonso Durazo, el exsecretario de Seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador -actualmente gobernador de Sonora-, quien dijo que él no creía en la teoría del “asesino solitario” en el magnicidio de Colosio, el 23 de marzo de 1994 en el barrio de Lomas Taurinas. Luego el expresidente añadió a la especulación. Se dice –dijo el presidente– que cuando se trata de “crímenes de Estado” siempre hay complicaciones para conocer la verdad, pero hay que indagar e insistir para que el crimen no quede impune. Legalmente no quedó impune. El 31 de octubre de 1994, un juez condenó a Mario Aburto por homicidio con premeditación y alevosía, pero la investigación no cesó hasta el año 2000, cuando el último fiscal del Caso Colosio, Luis Raúl González Pérez, entregó su informe final. Aburto sí había actuado solo y sí había disparado mortalmente contra Colosio, concluyó. González Pérez fue el último fiscal del caso Colosio, y su investigación incluyó una auditoría sobre lo que habían realizado sus antecesores. Todos llegaron a la misma conclusión. No fue un “crimen de Estado” ni tampoco hubo políticos involucrados. No participó el narcotráfico ni fue la “nomenclatura”, como el presidente Carlos Salinas deslizó meses después del crimen. “Yo no sé si había uno o muchos políticos que querían matarlo, pero si fue así, se les adelantó Aburto”, nos comentó Miguel Montes, el primer fiscal, a Ciro Gómez Leyva y a mí.
2DO. TIEMPO. Las fobias contra dos expresidentes. Los magnicidios siempre generan dudas. John F. Kennedy fue asesinado en 1971 y todavía hoy hay miles que no creen fue Lee Harvey Oswald, un asesino solitario, quien lo mató. Lo mismo sucede con Luis Donalda Colosio, en 1994, que una amplia mayoría de mexicanos, como el propio presidente Carlos Salinas reconoció en una charla en Los Pinos en agosto de 1994, no lo creía. “Hay demasiadas coincidencias para que sean coincidencias, y en la política no hay coincidencias”, dijo. ¿Evidencia? Ninguna, respondió. Varios factores habían contribuido a la duda. El Universal, el primero, que tituló en marzo de 1994 que Colosio había sido “víctima de un complot”, a partir de la declaración que recogieron sus corresponsales de una priista en Tijuana. Los mismos corresponsales reportaron que el Mario Aburto detenido en Lomas Taurinas, había sido sustituido, apoyándose en dos fotografías suyas en la primera plana de El Universal. En una tenía una especie de lunar en el cachete y en la otra estaba limpio. La primera, tomada poco después del asesinato, mostraba esa mancha que era de sangre; en la segunda, ya lo habían limpiado. No ayudó el exprocurador Diego Valadés, quien declaró pocas horas después del crimen, que era uno solo el asesino. Finalmente, para cimentar la teoría del complot, los primeros peritos locales que revisaron la escena del crimen, se equivocaron de puntos cardinales en la ubicación del cuerpo, por lo cual no se entendía cómo le podría haber disparado dos veces Aburto. En el imaginario colectivo no había cabida para un asesino solitario. Sin embargo, la investigación del último fiscal del Caso Colosio, Luis Raúl González Pérez, había revisado alrededor de cinco mil fotografías de Lomas Taurinas, antes del crimen, durante la confusión por el asesinato y después de él. Se declaró a las cerca de 200 personas que fueron identificadas cerca de Colosio en el momento de los disparos y se les investigó ampliamente. Igual se analizó el patrimonio y depósitos de Aburto y su familia, que vivía en San Pedro, California, antes y mucho tiempo después del asesinato, sin encontrar anomalía alguna, salvo una creciente pobreza. Hasta ese momento, con toda la información al alcance, y mientras no hubiera más evidencia de lo contrario, la teoría del “asesino solitario” se mantenía, dijo González Pérez. El Caso Colosio estaba cerrado, hasta que llegó Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia y el fiscal Alejandro Gertz Manero le propuso reabrirlo. Él quería meter a Salinas a la cárcel. López Obrador no le hizo caso hasta la segunda parte de su sexenio, cuando autorizó que reabrieran la investigación tras encontrar que Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, había “rescatado” el mismo 23 de marzo al agente del CISEN, Jorge Antonio Sánchez Ortega, de la cárcel en Tijuana. López Obrador podría ir también contra Calderón. Es cierto que García Luna, agente del CISEN, llegó a Tijuana ese día para ver lo que sucedía con Sánchez Ortega. No lo rescató. Un juezo lo liberó porque nunca había estado cerca de Colosio cuando lo asesinaron y las manchas de su sangre en su camisa, eran porque había ayudado a subir su cuerpo a la camioneta que lo llevó al hospital. Nada le importaba a López Obrador ni a gertz Manero. Reescribirían la historia.
3ER. TIEMPO. ¿Fobia mata descrédito? Revivir el expediente más emblemático del viejo PRI podría servir para golpear las viejas estructuras, cuestionar a quienes se beneficiaron del silencio y, de paso, reescribir la narrativa del pasado desde Palacio Nacional. Pero el riesgo es alto. Cada documento desclasificado, cada testimonio recuperado, puede no sólo incomodar a los fantasmas de los noventa, sino también a quienes, desde el presente, han hecho del pasado un instrumento. El Caso Colosio no es una herida cerrada: es una cicatriz que aún supura en la conciencia nacional. Reabrirlo implica enfrentar la historia con todas sus consecuencias. Significa reeditar los momentos más oscuros del Estado mexicano, cuando la política se confundía con la violencia, la lealtad con el miedo y la ley se acomodaba a los intereses del momento. El expresidente Andrés Manuel López Obrador le perdió interés al tema, porque ya no lo necesitó ni electoral, ni políticamente. Ahora, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum está urgida de distractores en medio de la crisis más profunda de su joven gobierno, el acomedido fiscal Alejandro Gertz Manero, volvió a sacar el conejo de la chistera: el segundo tirador en el Caso Colosio. Sabíamos que en su larga carrera como funcionario público, ha sido una figura controvertida y atrapada en sus vendettas, desde que coordinó la Operación Cóndor (1975-1978), que propició el nacimiento del Cártel de Guadalajara, hasta inventar delitos contra sus familiares políticos (2022), pasando por la desaparición de la oficina contra las drogas cuando era secretario de Seguridad en el gobierno de Vicente Fox (2002-2003), que provocó el colapso de la seguridad pública del país que arrastramos, y que vivió la primera fuga de Joaquín El Chapo Guzmán (2001), cuando los penales de máxima seguridad eran su responsabilidad. El fiscal reanudó la cacería de Jorge Antonio Sánchez Ortega, que reportaba la gira de Colosio a Tijuana al Cisen –algo que todavía siguen haciendo de rutina–, y no aparece en ninguna de las decenas de fotografías e imágenes del entorno de Luis Donaldo Colosio en el momento que le dispararon a quemarropa. Su dicho fue corroborado en la investigación de la última fiscalía del caso, que le dedicó 76 páginas. Pero Gertz Manero está obsesionado con encarcelar al expresidente Carlos Salinas y los que más pueda del PRI de aquel entonces, mientras Sheinbaum necesita un tanque de oxígeno que distraiga a la gente. Circo es lo que ofrece el fiscal, como circo ofreció el segundo fiscal del Caso Colosio, Pablo Chapa Bezanilla, quien en diciembre de 1994, en vísperas de asumir el cargo, me confió: “Voy a meter a la cárcel a Carlos Salinas y a José Córdoba”. ¿Al expresidente y su poderoso coordinador de asesores? “Se oye bien”, le dije. “¿Hay pruebas?” El fiscal respondió: “No, pero las obtendré”. Gertz Manero me recuerda a ese fiscal, cuya actuación le provocó el descrédito eterno. Chapa Bezanilla inventó “el segundo tirador” y le arruinó la vida a Othon Cortés, a quien acusó sin fundamento de haber disparado contra Colosio. Gertz Manero está dispuesto a hacer lo mismo con Sánchez Ortega, con lo que seguirá los pasos y el destino de aquél cuyas fobias fueron más importantes que el descrédito.
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