Con un valor que supera los 400 mil millones de pesos y un consumo cercano a los 7 millones de toneladas anuales, la industria del plástico en México avanza en un terreno complejo marcado, principalmente, por su alta dependencia de materias primas importadas.
Actualmente, el país importa 4 millones 551 mil toneladas de insumos como polietileno y polipropileno, frente a exportaciones que rondan los 3 millones de toneladas, de las cuales el 57% tienen como origen Estados Unidos, el 15% China y el 3% Canadá. Este desequilibrio comercial, lejos de corregirse, se perfila como un reto que se mantendrá al menos hasta 2026.
El desafío se complica ante la limitada capacidad para atender la demanda interna de resinas plásticas, aunque la industria busca fortalecer el abasto nacional, los planes de desarrollo petroquímico de Petróleos Mexicanos (PEMEX), bajo la dirección de Víctor Rodríguez, no han logrado avanzar al ritmo que el sector requiere. Sin una reactivación sostenida del complejo petroquímico, la dependencia del exterior seguirá condicionando la cadena de suministro.
A este panorama se suma la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), programada para julio de 2026, proceso que la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), presidida por Benjamín del Arco, observa con cautela. Aunque el intercambio comercial asociado al Tratado alcanza alrededor de 250 millones de dólares anuales y ha facilitado el flujo de productos, las tensiones comerciales derivadas de los aranceles impuestos por Estados Unidos continúan generando incertidumbre, frenando inversiones y afectando la dinámica del sector.
De forma paralela, la industria enfrenta el reto de adaptarse a un entorno regulatorio en evolución, tanto la Cámara de Diputados como el Senado analizan reformas a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), con propuestas orientadas a redefinir los esquemas de gestión, fortalecer la responsabilidad compartida y armonizar las competencias entre los tres órdenes de gobierno.
A ello se añade la aprobación del proyecto de Ley General de Economía Circular, que introduce nuevas exigencias para productores y comercializadores, incorpora criterios de diseño sostenible y plantea metas nacionales de reducción de residuos, obligando a la industria a ajustar procesos y modelos de negocio.
Pese a los desafíos, el sector mantiene su postura de avanzar hacia una regulación efectiva del material presente en más del 85% de los procesos productivos. En este contexto, destaca su participación en el Acuerdo Nacional para la Nueva Economía del Plástico, que ya reporta avances como la eliminación del 100% de los microplásticos añadidos intencionalmente y la inversión en infraestructura por parte del 61% de las empresas participantes.
EJE, bastión democrático
En un país donde la democracia enfrenta desde la polarización política hasta reformas que tansformaron el corazón del sistema judicial, la Escuela Judicial Electoral (EJE) del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se consolida como un referente académico que ha fortalecido su oferta con 37 posgrados activos y la apertura de un posdoctorado en Constitucionalismo y Democracia que atrae investigadores de Argentina, Brasil, Colombia y Perú. Lejos de ser un mero catálogo académico, esta expansión es un esfuerzo deliberado por formar especialistas capaces de defender la integridad de los procesos electorales y los derechos político-electorales en un contexto regional cada vez más complejo. En un momento en que la justicia electoral está bajo la lupa como nunca antes, la EJE demuestra que la respuesta más efectiva no es la confrontación sino la profesionalización profunda y accesible.
