En la Ciudad de México aprendimos a vivir con un margen de error incorporado, no como excepción, sino como regla. Salimos antes “por si acaso” y asumimos que llegar tarde no es una falta individual, sino una condición urbana. El tráfico, el Metro detenido, la manifestación o el accidente en hora pico no interrumpen la rutina: la explican. No vivimos en el colapso permanente, pero tampoco en el funcionamiento pleno. Estamos habitando una ciudad que opera a medias.
Nada termina de fallar por completo, pero casi nada funciona como debería. El transporte avanza con interrupciones previsibles; los servicios llegan de forma irregular; las obras se anuncian con plazos que nadie toma en serio. La vida cotidiana se organiza alrededor de esa falla administrada. No es una emergencia: es el método.
Este es un problema político.
Gobernar la Ciudad de México implica gestionar una complejidad real: desigualdad territorial, presión demográfica e infraestructura rebasada. Pero una cosa es administrar la dificultad y otra muy distinta es convertir la insuficiencia en estándar. Cuando el objetivo de la gestión pública es que la ciudad “no se caiga”, se redefine silenciosamente qué significa gobernar: no resolver, sino contener; no transformar, sino sostener.
La política urbana se expresa entonces como una suma de soluciones parciales presentadas como estrategia. Cierres “temporales” que se prolongan, reordenamientos que no concluyen, obras que se inauguran más de una vez. El discurso oficial habita un tiempo suspendido: se está atendiendo, se está evaluando, se está trabajando. El problema no desaparece, solo se desplaza, y su costo se traslada a la vida diaria de millones.
La ciudad sigue funcionando lo suficiente como para no detenerse, y eso es clave porque una ciudad que no colapsa evita la crisis política mayor, pero una ciudad que no mejora erosiona de forma constante la confianza pública. No hay quiebre que obligue a corregir de fondo, ni resultados que legitimen plenamente la gestión. Hay desgaste acumulado.
En ese esquema, la ciudadanía tampoco es ajena. La vida urbana se ha organizado alrededor de la adaptación individual: cambiar rutas, anticipar fallas, ajustar horarios, pero cuando cada quien resuelve por su cuenta, el problema deja de ser colectivo y la responsabilidad pública se diluye. Además, la falla no se distribuye de manera uniforme: quién tiene tiempo, recursos o alternativas sobrevive mejor; quien depende del transporte público y de horarios rígidos paga el costo completo de una ciudad que funciona a medias.
Por eso el argumento de que “es una ciudad muy grande” resulta insuficiente. No explica: justifica. La dimensión de la Ciudad de México no es nueva ni inesperada, es una condición conocida, heredada y reiteradamente administrada sin resolverse. Gobierno tras gobierno, la complejidad se invoca como atenuante, pero rara vez como punto de partida para una corrección estructural.
Esta ciudad arrastra una forma de gestión que no pertenece a una sola administración ni a un solo partido, es un modelo que se hereda: nadie inicia el problema desde cero, pero tampoco nadie lo cierra. Se administra, se posterga y se vuelve costumbre. Tal vez sea el costo de gobernar una de las metrópolis más grandes del mundo, tal vez la consecuencia de una ciudad que creció más rápido que sus soluciones, o tal vez una maldición política: siempre demasiado funcional para estallar, siempre demasiado fallida para transformarse.
El resultado es una ciudad que funciona en el papel y desgasta en la práctica. Una ciudad que exige resistencia más que confianza. La Ciudad de México merece algo más que sobrevivir a su propio tamaño y a su propia historia. Gobernarla implica asumir el riesgo de corregir de fondo, no sólo de sostener, y vivir en ella debería implicar algo más que aprender a adaptarse, esa discusión, incómoda y pendiente, sigue siendo profundamente política.
