Los últimos días han estado marcados por acontecimientos cruciales en América Latina y el Caribe que inciden directamente en la política exterior de México y el equilibrio regional. Destacan las elecciones presidenciales de Perú y Colombia, desarrolladas en contextos de profunda polarización y con márgenes de resultados electorales sumamente estrechos. A este escenario se sumará en octubre la contienda presidencial en Brasil, donde el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva buscará un histórico cuarto mandato frente a una oposición que perfila al senador Flávio Bolsonaro o al gobernador de São Paulo, Tarcísio Freitas.
Para la presidenta Claudia Sheinbaum, los desenlaces en Perú y Colombia representan malas noticias, pues sus aliados han quedado al margen del poder. Se trata del peruano Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), “castillista” y de izquierda radical, y del colombiano Iván Cepeda (Pacto Histórico), respaldado por el mandatario saliente Gustavo Petro. En Colombia, se proclamó el triunfo de Abelardo de la Espriella (Movimiento Defensores de la Patria). En Perú, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) conserva una ventaja al parecer —al escribir estas líneas— ya irreversible: con el 99.987% de las actas escrutadas, obtiene el 50.12% de los sufragios frente al 49.88% de Sánchez, de quien se anticipa intente desconocer la validez del proceso.
El panorama geopolítico regional se encuentra prácticamente fracturado en dos bloques. Por un lado, el bloque conservador de derecha, integrado particularmente por Estados Unidos, Argentina, Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras, Perú y ahora Colombia, que priorizan el libre comercio, el alineamiento estratégico con Washington y políticas de seguridad severas. En el otro extremo, el denominado bloque progresista de izquierda, integrado por Brasil, Cuba y México, donde prevalece el discurso de soberanía, subsidios sociales y regionalismo (CELAC).
Sin una política exterior de Estado, México enfrenta un aislamiento diplomático en la región tras este vuelco a la derecha. Al subordinar la diplomacia tradicional y profesional a las narrativas de MORENA, el país ha fracturado sus canales de comunicación con actores clave y organismos multilaterales. Priorizar el activismo ideológico y militante por encima de la neutralidad constitucional ha desmantelado la certidumbre y la imagen exterior del país, una situación que no muestra señales de cambio en la política exterior mexicana.
Propiciar una postura doctrinal en las relaciones internacionales no constituye una política oficial porque un partido político no es un Estado; termina dejando al margen el interés nacional. Asimismo, la falta de coherencia en la aplicación de principios como la “no intervención” se ha traducido en una diplomacia de solidaridad selectiva hacia regímenes cuestionados como el cubano o el venezolano, relegando la defensa de los derechos humanos, lo que también ha generado rupturas y congelamientos con Ecuador, Argentina y Perú.
El objetivo de la política exterior es siempre la defensa de los intereses nacionales permanentes como la soberanía, la seguridad, la integridad territorial y el desarrollo económico. Ignorar la naturaleza estratégica de las relaciones internacionales debilita la posición geopolítica del país frente a un entorno donde América Latina es vital, no solo por razones históricas y culturales, sino también por motivos de naturaleza política. La nación no puede renunciar bajo ninguna circunstancia a la valiosa comunicación con corrientes políticas de diversa índole, tanto en el mundo en desarrollo como en las potencias industrializadas. Cuando México pueda mantener y gestionar hábilmente relaciones institucionales y diplomáticas con gobiernos de diversas tendencias, estará aplicando una verdadera política de Estado y no un activismo de corte faccioso y un proyecto de solidaridad militante.
