En los últimos días se ha abierto una discusión que, en apariencia, es técnica, casi administrativa, pero que en realidad toca una pregunta importante: y es ¿quién tiene permitido existir en el espacio público?.
Todo empezó con la cancelación de permisos a organizaciones civiles para recibir donativos. La explicación oficial es clara, casi impecable en su forma: no es una decisión política, es un proceso técnico del SAT, basado en incumplimientos fiscales, en reglas que simplemente no se respetaron. Y, en efecto, en el papel suena razonable. Un Estado tiene derecho a exigir transparencia, a revisar cómo se usan los recursos, a poner orden.
El problema no está en la facultad, sino en el contexto.
Porque cuando estas decisiones dejan de ser casos aislados y empiezan a repetirse, la pregunta cambia. Ya no se trata solo de si cumplieron o no con requisitos fiscales, sino de qué está pasando con el lugar que ocupa la sociedad civil dentro del país.
Las organizaciones civiles no son un detalle menor, no son un accesorio del sistema; son, en muchos casos, el puente entre problemas que el Estado no logra resolver y las personas que viven esos problemas todos los días. Trabajan en temas incómodos, en zonas olvidadas, en causas que no siempre son rentables políticamente: desapariciones, violencia, medio ambiente, derechos humanos.
Y justamente por eso, su existencia importa; porque un gobierno puede verlas como aliadas, como críticas necesarias o como intermediarios incómodos. Pero en cualquier caso, su presencia forma parte del equilibrio democrático, porque introducen algo que el poder rara vez tolera con facilidad, y es la observación constante.
Por eso el punto de fondo no es si el SAT tiene la facultad de cancelar permisos, porque claro que la tiene. El punto es qué ocurre cuando esa facultad se ejerce de manera amplia, sostenida y en un contexto donde, desde hace años, también existe una narrativa de desconfianza hacia estas organizaciones.
Cuando eso pasa, lo técnico empieza a tener consecuencias políticas.
Porque sin necesidad de prohibir, sin necesidad de confrontar directamente, lo que se genera es algo más sutil: un entorno donde operar se vuelve más difícil, donde acceder a recursos se complica, donde la existencia misma de ciertas causas empieza a depender no solo de su legitimidad, sino de su capacidad de sobrevivir a la regulación.
Y ahí es donde la discusión deja de ser fiscal, y se vuelve una discusión sobre el espacio público, sobre quién puede participar en él y bajo qué condiciones.
No se trata de defender irregularidades ni de asumir que todas las organizaciones hacen bien su trabajo. Se trata de entender que, en una democracia, la solución no puede ser debilitar el ecosistema completo en nombre del orden, porque ese “orden” también redefine quién tiene voz y quién deja de tenerla.
El poder no solo gobierna a través de decisiones visibles, también lo hace a través de los márgenes que establece, de los límites que fija, de las condiciones que impone para que otros actores puedan existir.
En ese sentido, la pregunta más relevante no es si el gobierno está actuando conforme a la ley; es si, poco a poco, está decidiendo quién puede seguir estando ahí.
