La semana pasada la región atestiguó la consolidación de la estrategia de seguridad estadounidense, redefiniendo la seguridad hemisférica hacia una contraofensiva militar contra el crimen organizado. En este contexto, México enfrenta una encrucijada difícil: atrapado en la soledad y el desamparo regional ante las alianzas propiciadas por Estados Unidos.
Por una parte, se realizó en Panamá el foro Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C) del 11 al 13. Paralelamente, se llevó a cabo el ejercicio multinacional PANAMAX 2026 del 3 al 13 de agosto para la defensa del Canal de Panamá, movilizando a mil 700 efectivos terrestres, marítimos, aéreos y cibernéticos. Participaron Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Trinidad y Tobago. La Armada de México desplegó la patrulla oceánica ARM Jalisco (PO-167).
Sin embargo, la verdadera brecha geopolítica se hizo evidente fuera de este ejercicio. Meses antes, el 7 de marzo de 2026 en la sede del Comando Sur en Miami, Washington formalizó el instrumento operativo del Escudo de las Américas: el foro Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C). Bajo la línea directa de la Casa Blanca, este bloque pretende pasar de declaraciones diplomáticas a acciones armadas directas contra el crimen organizado.
El nuevo Grupo de Trabajo del Hemisferio Occidental, creado bajo este esquema, representa una transición directa de la Operación Lanza del Sur, que atacó a más de 60 embarcaciones. El Escudo de las Américas fue ideado por la administración de Donald Trump y constituido por países afines y de plena confianza de Washington, un bloque del cual México quedó al margen.
La A3C centraliza inteligencia financiera, unifica comunicaciones y activa patrullajes coordinados bajo supervisión del Pentágono. Esta consolidación enciende alarmas en analistas políticos y especialistas del Derecho Internacional.
El diseño de la A3C evidencia una fragmentación geopolítica profunda, marcada por la ausencia de dos de las economías más importantes de la región: México y Brasil. Para diversos observadores, más que una estrategia auténtica, el esquema funciona como un bloque de afinidades ideológicas conservadoras alineadas a los intereses estadounidenses.
La extrema militarización que promueve la coalición preocupa por su enfoque: al equiparar el narcotráfico con el terrorismo, abre una peligrosa ventana a operaciones militares extranjeras. Esto podría debilitar la soberanía de los Estados locales, subordinándolos a las directrices del Pentágono y del Comando Sur a cambio de una protección que reduce a la región a la condición de patio trasero.
La estrategia, además, podría abrir a Washington una puerta operativa unilateral en territorio mexicano para abatir a los grupos criminales, aunque algunos analistas no lo consideran factible por las consecuencias políticas, económicas y de cooperación con un vecino estratégico.
Las palabras del secretario de Guerra, Pete Hegseth, no dejaron lugar a dudas: “Donde quiera que trafiquen drogas o amenacen al pueblo estadounidense o a nuestros socios, serán un objetivo militar, tal como lo son ISIS o Al-Qaeda”.
No obstante, la historia demuestra que de poco sirven estos despliegues si la estrategia ignora el indicador medular: la reducción del consumo dentro de Estados Unidos.
La distancia mexicana hacia el esquema de la A3C responde a claras discrepancias ideológicas con Washington y a un entendible rechazo a los modelos hiper-militarizados que comprometen la soberanía nacional. Sin embargo, el gobierno mexicano ha mostrado dificultades para desarrollar capacidades técnicas efectivas, alejadas de la retórica política, para contener los embates de los cárteles en un entorno agobiado por la violencia, el contubernio y la impunidad en los altos niveles políticos.
Al participar únicamente en ejercicios técnicos como PANAMAX, pero quedar excluido de la arquitectura de la A3C, México camina por una cuerda floja. La A3C marca el fin de la era contra las drogas basada en burocracias tradicionales (como la DEA) para pasar a un modelo de defensa militarizado regional, cuyos socios quedan al margen de las decisiones diseñadas por Washington. Lo único certero es que la presión desde la Casa Blanca para obligar a México a alinearse se incrementará sustancialmente.
