El gobierno insiste en la pacificación. Para sostener esa narrativa, selecciona una cifra: la disminución reciente de los homicidios dolosos. La repite en conferencias, comunicados y discursos, como si un solo indicador pudiera explicar por sí mismo la violencia que padecen millones de mexicanos.
El problema es que, cuando se revisan todas las categorías relacionadas con la violencia letal, la historia oficial comienza a perder consistencia.
México Evalúa propone un Índice de Violencia Letal integrado por cinco componentes: homicidio doloso, homicidio culposo, feminicidio, otros delitos contra la vida y la integridad corporal, y personas desaparecidas y no localizadas. La lógica es sencilla: no se puede medir la violencia observando únicamente una columna de las estadísticas.
Los datos más recientes son inquietantes. Entre enero-junio de 2015 y enero-junio de 2026, la tasa de otros delitos contra la vida y la integridad corporal aumentó 197 por ciento; la de personas desaparecidas y no localizadas, 127 por ciento, y la de feminicidios, 53 por ciento. En conjunto, la violencia letal se mantiene 26 por ciento por encima del nivel registrado en 2015.
Es cierto que existe una mejoría reciente: entre el primer semestre de 2025 y el mismo periodo de 2026, la violencia letal disminuyó 20 por ciento. También el homicidio doloso registró una reducción importante en ese periodo. Pero una disminución de corto plazo no borra el deterioro acumulado durante una década. México Evalúa advierte que, pese a la mejoría reciente, la violencia letal sigue siendo mayor que en 2015 y aumentó en 22 entidades federativas.
Entonces surge una pregunta: ¿qué estamos midiendo realmente?
Una persona asesinada no deja de ser víctima porque la carpeta tenga otro nombre. Un desaparecido no deja de existir porque todavía no aparezca un cuerpo. Y una familia no sufre menos porque la autoridad haya registrado el hecho en una categoría distinta.
El asunto es todavía más grave cuando se observa el comportamiento de las distintas entidades.
Que disminuya el homicidio doloso no significa necesariamente que disminuya la violencia letal en su conjunto. Si otros componentes aumentan, la fotografía completa puede ser muy distinta de la que muestran las conferencias de prensa. Por eso, las fiscalías tienen una responsabilidad fundamental. Son las instituciones encargadas de investigar, clasificar, integrar y reportar las carpetas. Si una categoría presenta números favorables mientras otras relacionadas con la muerte, la desaparición y la violencia contra las personas registran aumentos importantes, el gobierno tiene la obligación de explicar el fenómeno.
La preocupación es legítima porque una estadística puede cambiar sin que cambie necesariamente la realidad que pretende medir. Si una muerte deja de aparecer como homicidio doloso y termina registrada bajo otra categoría, la gráfica puede mejorar mientras el problema permanece.
A esto se suma otro desafío: las desapariciones y el hallazgo de cuerpos en fosas clandestinas plantean enormes dificultades para la identificación, clasificación y registro de las víctimas. No todo cuerpo localizado en una fosa está necesariamente fuera de las estadísticas; precisamente por eso se requiere conocer con claridad cómo se integran esos casos y cómo se vinculan con las carpetas de investigación correspondientes. Cuando una autoridad escoge únicamente el dato que le favorece, corre el riesgo de gobernar para la gráfica y no para la realidad.
La percepción de los ciudadanos tampoco puede ignorarse. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, del INEGI, no mide directamente homicidios ni violencia letal, sino la percepción de inseguridad. En junio de 2026, 59.8 por ciento de los adultos consultados consideró inseguro vivir en su ciudad, por encima del 58.6 por ciento registrado en septiembre de 2024, el último trimestre del gobierno de Obrador.
Es decir, incluso con la mejoría reciente, la percepción de inseguridad todavía no refleja una transformación radical de la realidad que viven los ciudadanos.
El gobierno debe abrir las cifras y permitir una revisión independiente de la clasificación de las muertes violentas, las desapariciones y los llamados “otros delitos contra la vida”. No basta con presentar porcentajes convenientes. Hay que demostrar que existen menos víctimas y que los casos no están simplemente apareciendo bajo otras categorías estadísticas.
México necesita instituciones honestas que midan con rigor, fiscalías transparentes y gobiernos dispuestos a enfrentar la evidencia, aunque resulte incómoda.
Columna escrita en colaboración con Julián Martínez Proa.
