En días pasados, varias personas mediadoras acudimos al recinto de la Cámara de Diputados, convocadas por invitación del Diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas, para participar en el Parlamento Abierto sobre las reformas a la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Escuchar a la Maestra Ana María Kudisch Castelló, a Johana Castro y a tantas otras voces comprometidas fue un privilegio. Este encuentro es, en sí mismo, un buen augurio.
Pero no debemos perder de vista que, en un mundo estructurado por realidades funcionales, no todo se configura materialmente desde el Derecho. Las normas jurídicas —leyes, precedentes, criterios jurisdiccionales— son apenas un engranaje institucional que busca ordenar ciertos segmentos de la realidad. Este andamiaje resulta insuficiente si no se acompaña de un diálogo de saberes, habilidades sociales y comprensión profunda de las realidades éticas, culturales y territoriales que atraviesan a nuestro país.
Porque estimada lectora, estimado lector, el Derecho, en su configuración tradicional, no ha logrado comprender cabalmente los fenómenos que pretende regular. No ha sido capaz de desarticular el entramado del conflicto, y hoy vemos cómo la violencia escala en todos los sectores de la vida cotidiana. Esta limitación constituye una fuente estructural de conflictos. Las viejas soluciones se han transformado en nuevos problemas. Quienes redactan las leyes han carecido, en muchos casos, de la sensibilidad necesaria para reconocer que el Derecho, para insertarse de manera efectiva en lo social, debe mirar a las personas, atender sus contextos y responder a sus necesidades reales.
Desde esta perspectiva, es urgente orientar a las personas y comunidades hacia el conocimiento de sus derechos ampliados de acceso a la justicia, como lo son los Mecanismos de Solución de Conflictos, y en particular la mediación, herramientas poderosas, pero aún desconocidas para gran parte de la población. Si verdaderamente deseamos transformar el entramado tradicional del acceso a la justicia, debemos hacer mucho más que difundir: necesitamos llegar al sentir de la gente, que conozcan los beneficios de resolver sus conflictos con el acompañamiento de una persona mediadora —o como desafortunadamente nos nombra hoy la ley, “personas facilitadoras”.
El desarrollo presente y futuro del país requiere de una gobernanza que reconozca la centralidad de los derechos de las personas como sujetas plenas de derecho. Pero no basta con el Derecho instrumental. Para alcanzar condiciones reales de acceso a la justicia, las personas necesitan conocer sus derechos, comprender el funcionamiento institucional y contar con herramientas para resolver sus problemas cotidianos.
Insistiré cuantas veces sea necesario: los Mecanismos de Solución de Conflictos están reconocidos en el marco normativo, pero deben traducirse en beneficios tangibles. La ignorancia del derecho sí impide su ejercicio. Por eso propuse tres acciones concretas: informar sobre mediación en el Registro Civil, promover la mediación escolar en todos los niveles educativos, y reconocer la voz de las entidades federativas y sus saberes situados.
Las leyes deben tener repercusión social. La mediación y los Mecanismos de Solución de Conflictos son derechos fundamentales. Más de 5,000 personas mediadoras en México estamos listas para acompañar esta reforma.
