De nueva cuenta, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se coloca en el centro del debate nacional. No solo como operador de la política de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sino como el rostro visible de una estrategia que está marcando un quiebre en la narrativa oficial: el desmantelamiento de la red de corrupción conocida como huachicol fiscal, en la que aparecen involucrados altos mandos de la Secretaría de Marina, empresarios y exfuncionarios de aduanas.
Lo que comenzó el pasado 7 de julio con un anuncio en sus redes sociales —espacio que Harfuch ha convertido en una herramienta directa y eficaz para comunicar resultados en materia de seguridad— terminó convirtiéndose en un terremoto político. Ese día, informó sobre el aseguramiento de más de 15 millones de litros de hidrocarburos en Coahuila, uno de los decomisos más grandes de la actual administración. Lo que no se sabía entonces, es que aquella investigación abriría la puerta a un caso sin precedentes que derrumbó el mito de la incorruptibilidad de la Marina.
La fuerza de este golpe no solo estuvo en los operativos desplegados en Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz y Ciudad de México, sino en el manejo del mensaje. Fue el propio Harfuch quien, con información detallada, explicó cómo operaba la red de complicidades integrada por empresarios, marinos en activo y en retiro, además de exfuncionarios de aduanas. El control narrativo, acompañado de datos duros, le permitió a Harfuch erigirse como el principal actor político y mediático de este episodio.
En total, fueron 14 los detenidos, entre ellos tres empresarios, cinco marinos en activo, un vicealmirante retirado y cinco exfuncionarios. El aseguramiento de un buque con 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico fue la prueba más contundente de la magnitud del caso.
La propia Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero, confirmó que incluso los familiares del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, se encuentran bajo investigación, a petición del propio almirante.
Harfuch ha sabido equilibrar el golpe político: dejar en claro que los actos de corrupción corresponden a individuos aislados y no a toda la institución, al mismo tiempo que reivindica el papel de la Marina en la seguridad del país. Ese doble discurso —duro contra la corrupción, pero respetuoso de las instituciones— explica por qué su figura crece y se fortalece.
El secretario de Seguridad no solo ejecuta operativos: marca agenda, responde a la opinión pública y coloca los temas donde deben estar. Esa habilidad lo diferencia y lo proyecta más allá del escritorio burocrático. No sorprende que ya se le observe como uno de los funcionarios más influyentes.
La gran interrogante que queda en el aire es inevitable: ¿por qué el expresidente Andrés Manuel López Obrador nunca lo recibió en Palacio Nacional, pese a que Claudia Sheinbaum lo había propuesto como su secretario de Seguridad desde antes de asumir la Presidencia? ¿Y qué pasó con aquella cruzada contra el huachicol que él mismo encabezó?
Hoy, bajo la administración de Sheinbaum, es Harfuch quien da continuidad a esa batalla, pero con un sello distinto: cero impunidad, cero tolerancia y máxima transparencia en la comunicación. El resultado es claro: el huachicol fiscal dejó de ser un tema oculto para convertirse en un símbolo de la lucha contra la corrupción. Y, en ese camino, Omar García Harfuch emerge como el funcionario con mayor fuerza política y mediática del gabinete presidencial.
En Cortito: Nos cuentan que la oscuridad se ha vuelto parte de la vida cotidiana en Coatepec Harinas y sus pueblos. Los constantes cortes de energía eléctrica ya no son una anécdota aislada, sino un problema estructural que ha dejado a miles de familias en la incertidumbre, la molestia y el hartazgo.
El más reciente ocurrió la semana pasada, cuando varias comunidades del sur del Estado de México, incluida la cabecera municipal, se quedaron a media luz por horas y hasta días. Una situación que refleja no solo fallas técnicas, sino la falta de respuestas de fondo.
La Comisión Federal de Electricidad debe tomar cartas en el asunto y ofrecer una solución definitiva. La población no puede ni debe acostumbrarse a vivir entre apagones.
