Como ya lo he sostenido a lo largo de mucho tiempo, la clase política mexicana tiene una sorprendente proclividad para realizar reformas periódicas que cambien las reglas de acceso al poder, es decir, reformas electorales. Sin embargo, esa proclividad se convierte en un desinterés cuando de cambiar las reglas para el ejercicio del poder se trata. Es decir, por lo general cada proyecto político busca con fervor transformar las reglas de acceso (en muchos casos para facilitárselo), y demuestra su desinterés en cambiar las reglas para el ejercicio (pues una vez habiendo accedido, normalmente no pretenden establecer más límites para ejercerlo que los que encontraron al llegar).
En esta ocasión y luego de que en este espacio he dado seguimiento a la reforma electoral planteada por la presidenta Sheinbaum, por el momento hemos observado el naufragio de la propuesta original que para estos efectos sería el “Plan A de reforma electoral” y hoy atestiguamos el proceso que se ha seguido para, eventualmente, aprobar el conocido como “Plan B de reforma electoral”.
Luego de todos los esfuerzos de todo tipo invertidos en el plan original (la creación de una comisión presidencial e interminables horas de negociaciones), ese paquete de reformas pasó a mejor vida al incluir cambios constitucionales y legales que de acuerdo con los propios partidos aliados del proyecto político en turno, afectaban de manera negativa sus intereses al poner, incluso, en riesgo su propia supervivencia. Los aliados en innumerables iniciativas, en esta ocasión se convirtieron en los principales detractores de una reforma que, desde su concepción y procesamiento, parecía difícil de aprobarse.
Ahora, toca el turno del “Plan B de reforma electoral” que, aunado a tratarse de una serie de cambios menores al compararlos con las pretensiones originales, dejan claro que en un país con la cantidad de necesidades y complejidades como lo es México, para la clase política siempre habrá espacio para dar prioridad a sus planes electorales en detrimento de todo aquello que se tiene que hacer para resolver los grandes problemas que aquejan a la sociedad mexicana.
El despliegue de recursos de todo tipo y la cantidad de tiempo que las personas políticas han gastado en discutir una reforma que de acuerdo con los datos oficiales no es una de las grandes preocupaciones de la población es, sencillamente, de llamar la atención.
Con una Copa Mundial a la vuelta de la esquina, una revisión de nuestro principal tratado comercial en puerta, problemas internos relacionados con la seguridad y, con un mundo convulso debido a los conflictos en diversas regiones del mismo, hoy nuestro órgano ejecutivo y nuestro órgano legislativo llevan algunas semanas ocupados en conocer el destino que tendrá la reforma electoral que, al parecer, se ha convertido en el legado que cada administración federal desea dejar para la posteridad, atrasando con ello la discusión de otros grandes temas que deberían estar en el centro de la deliberación pública si de cumplir con un principio de oportunidad se tratara.
Siendo el plan que sea, como sociedad debemos reflexionar sobre la necesidad de satisfacer nuestras necesidades, estando seguro que una reforma electoral más no es una de las que se encuentran en la parte más alta de la lista.
