La crisis política por la que atraviesa el estado de Sinaloa puede analizarse desde diversos ángulos: desde una problemática partidista, un problema de seguridad, una crisis de legitimidad, hasta muy desafortunadas decisiones personales de quien fuera titular del Poder Ejecutivo local. No obstante, esta compleja situación permite reflexionar sobre un fenómeno mucho más profundo y de larga data como es la enorme concentración de poder que han tenido las personas que ocupan la titularidad de los poderes ejecutivos en las entidades federativas mexicanas.
Es inevitable traer a colación algunas de las ideas del Dr. Jorge Carpizo sobre aquello que denominó el “presidencialismo mexicano” y que sostenía que el Presidente de la República no solo encabezaba formalmente al Poder Ejecutivo Federal, sino también ejercía una influencia determinada no solo en los demás órganos del Estado sino en todo lo relacionado con la vida pública.
Fenómenos como la transición democrática, el pluralismo político o el surgimiento de instituciones autónomas modificaron de manera sustancial este modelo. Sin embargo, En buena parte de las entidades federativas sucisión esta forma de concebir a la titularidad de los poderes ejecutivos locales y, con ello, las personas que la han ocupado han mantenido rasgos de aquel presidencialismo.
El caso sinaloense ha resultado paradigmático por muchas y muy diversas razones todas ellas lamentables, pues entre otras cosas ha quedado claro la profunda crisis política en que puede sumergirse un gobierno local si su gobernadora o gobernador sufreproblemas de legitimidad y la carencia de capacidades para una buena dirección política de esa porción territorial determinada. Ante ello, cabe la pregunta de ¿qué tan bien están diseñados los sistemas constitucionales de las entidades federativas para procesar una crisis de la titularidad del Ejecutivo?
No queda duda que las constituciones locales en México cuentan con reglas claras que entran en acción una vez que es necesario suplir las faltas temporales o definitivas de la persona que ocupe la titularidad de sus poderes ejecutivos, no obstante, con este ejemplo ha quedado patente que a pesar de la claridad que en este rubro puede haber, lo cierto es que aquellos problemas de legitimidad y carencia de capacidades para una buena dirección política de esa persona específica, conllevan Que no importando la persona que ocupe el cargo la crisis en la entidad federativa que padece estos problemas no solo no disminuye sino que puede incrementarse.
Lo anterior, en buena medida se debe a que la estabilidad institucional y la existencia de contrapesos que contribuyan a ésta dentro de los gobiernos locales,no terminan de perfeccionarse y aquella concentración de poder en una sola persona, hace dependiente de ella buena parte de los destinos de la entidad federativa correspondiente.
Aún cuando muchos de los esfuerzos se han encaminado, al menos en el discurso, al fortalecimiento del federalismo, estos han sido muy pocos e incluso inexistentes en lo que tiene que ver con la distribución horizontal del poder dentro de las entidades federativas. La preocupación que desde hace muchos años se ha tenido por limitar el poder del Presidente de la República, no ha sido la misma en lo que tiene que ver con las personas titulares de los poderes ejecutivos locales, dónde hoy se pueden ver reproducidos muchos de los rasgos del presidencialismo mexicano.
Una democracia constitucional no puede depender de la idoneidad de quienes encabezan de manera unipersonal a un órgano del poder público, Pues las instituciones deben seguir funcionando con normalidad aún cuando esto suceda.
La situación en Sinaloa obliga a reflexionar sobre la pertinencia de seguir contando con “pequeños presidentes” en nuestro país.
