Esta semana leí en redes que México “perdió el grado de inversión”, que van “tres recortes en la calificación soberana” y que somos un dead country walking. También leí a la Secretaría de Hacienda informar una deuda neta de 19.59 billones de pesos y sostener, en el mismo documento, que el país mantiene “una posición fiscal sólida”. Mientras eso pasaba, los mercados internacionales ya habían tomado su propia decisión. La realidad está en otra parte.
Los hechos documentados: El 10 de abril, Fitch ratificó a México en BBB− con perspectiva estable. El 12 de mayo, S&P mantuvo la calificación en BBB pero cambió la perspectiva a negativa. El 20 de mayo, Moody’s recortó de Baa2 a Baa3 y cambió su perspectiva de negativa a estable. Eso es un recorte, no tres. México conserva el grado de inversión con las tres calificadoras. Está en el último escalón con dos de ellas, pero conserva el grado. Cuando Bloomberg publica que los bonos mexicanos “cotizan como basura”, habla de precio de mercado, no de calificación. Son medidas distintas.
Lo grave viene después. México paga tasas de interés más altas que Guatemala y Panamá, que tienen calificación crediticia inferior. El mercado nos está cobrando más caro. ¿Por qué? El gobierno federal inyectó a Petróleos Mexicanos alrededor de 80 mil millones de dólares durante el sexenio anterior y más de 50 mil en los últimos dos años. Ciento treinta mil millones de dólares en total. Una cifra superior al presupuesto conjunto de todas las ramas de las fuerzas armadas. Sin resolver nada: la deuda financiera de Pemex supera los 70 mil millones, su producción es la mitad de hace dos décadas, y cada trabajador produce 13 barriles al día frente a 50 en Petrobras y 80 en ExxonMobil.
En siete años y medio se acumuló tanta deuda como en los 197 años anteriores de vida independiente. La deuda pasó de representar 43.6 por ciento del PIB a 51.0 por ciento. Los Precriterios de Política Económica de Hacienda proyectan un costo financiero de 1.57 billones de pesos para 2026: 4.1 por ciento del PIB, el nivel más alto en dos décadas. De cada peso recaudado en impuestos, 23 centavos se van en intereses. Eso es el segundo rubro más grande del gasto público antes de que se financie un hospital, una escuela o una red de agua.
El Instituto Nacional de Estadística reportó que en el segundo trimestre de 2026 se crearon 487 mil empleos. De esos, 457 mil fueron informales y apenas 29 mil formales. El 94 por ciento del empleo que generó este país en tres meses fue informalidad. Llevo meses en mesas de trabajo con comerciantes de Tacuba por la regularización de sus tomas eléctricas. Trabajan doce horas sin seguridad social, sin crédito para vivienda, sin pensión. Cuando un país destina 130 mil millones de dólares a sostener una empresa y simultáneamente genera 29 mil empleos formales en un trimestre, estamos ante una elección política clara, no ante una fatalidad económica.
Cuando el margen fiscal se estrecha, los recortes caen sobre las participaciones a los estados y alcaldías. En la Ciudad de México, la Alcaldía Miguel Hidalgo aporta cerca de una quinta parte del predial de toda la ciudad, pero recibe 129 millones de presupuesto participativo de una bolsa de 2 mil 304 millones. Entre enero y septiembre de 2025, las dieciséis alcaldías dejaron sin ejercer 18 mil 495 millones de pesos. Miguel Hidalgo fue la que ejecutó más recursos de todas. El problema no es la capacidad de ejecución. Es la asignación presupuestaria.
La Ciudad de México necesita que esa cadena de decisiones se corrija. No puede ser que quien aporta una quinta parte del predial capitalino reciba menos que su proporción, mientras en el centro se concentra el dinero en rescates sin resultados. La informalidad seguirá ganando, la deuda seguirá subiendo y los mercados seguirán cobrándole más caro a México. A menos que alguien diga los números correctos sin exagerar, sin negar, con precisión. La ciudad no puede esperar más.
