A menudo los presupuestos son vistos por la sociedad como una serie de cifras que, de alguna manera, se convierten en inciertas a lo largo del ejercicio para el que son presentadas debido a los muy diversos factores que pueden intervenir en variaciones que pueden ir de leves a sustanciales. Sin embargo, al analizar lo que quienes proponen presupuestos en cualquier organización presentan, es posible conocer la concepción misma que tienen de la propia organización.
Por supuesto, lo anterior puede verse en una pequeña empresa, en una entidad federativa o en el país entero. Por tanto, los paquetes económicos que presenta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pueden dar una idea de lo que desde el propio Gobierno Federal se concibe como Estado.
Más allá de los discursos, lo que puede ser considerada verdaderamente como una declaración de intenciones es un presupuesto y, en este caso, en el recién presentado Paquete Económico 2027 es un indicador claro de hacia dónde pretende avanzar el país.
De entrada, es muy notorio el aumento sostenido en el gasto que en los últimos años hemos presenciado, teniendo que el de 2027 plantea un gasto superior a los 10 billones de pesos. Desde luego, un gasto de esta magnitud debe ir acompañado de una recaudación lo suficientemente robusta para que el déficit público al menos se contenga. De acuerdo con lo dado a conocer, este ritmo de gasto se pretende que vaya acompañado de una ampliación de la base tributaria, de una mayor eficiencia recaudatoria, de una mejor fiscalización y de un combate frontal a las distintas formas de evasión.
Independientemente de una discusión seria sobre la necesidad de una reforma fiscal de gran calado, podemos darnos cuenta de que a pesar de la reducción del tamaño que ha habido en la estructura institucional del Estado mexicano, somos un país que cada vez contrae más obligaciones. Es decir, mientras las políticas de austeridad adelgazan aparentemente al aparato burocrático, el gasto total aumenta, fórmula que sumada a las bajas perspectivas de crecimiento generan obvias preocupaciones respecto al futuro de las finanzas públicas.
A pesar de lo anterior, es una buena noticia que en el Paquete Económico 2027 se busque reducir el déficit público, pues con ello queda patente que se están previendo acciones que contribuyan a asegurar la sostenibilidad financiera del Estado mexicano y, de paso, se reconozca que se debe comenzar a observar con mayor detenimiento la evolución que ha tenido el déficit público.
Conceptos como la duda publica, las pensiones, los programas sociales y muchos otros compromisos asumidos por el Estado mexicano reducen cada vez más el margen que el gobierno puede tener para oscilar entre las prioridades que puede tener.
Hoy estamos ante un Estado que cada vez gasta más, que cada vez lo hace más derivado de compromisos recientemente asumidos (que incluso han sido elevados a rango constitucional) y que cada vez tendrá una mayor necesidad de emprender una reforma fiscal profunda.
El costo de un Estado que pretende garantizar cada vez más derechos es muy alto, mucho más en uno con una fuerte vocación social, con una mayor centralización política y administrativa y con una presencia cada vez más relevante en la economía.
