Basta echar un vistazo a los medios de comunicación para inferir la crítica situación en que se encuentra la zona caribeña frente a Venezuela, ante la presencia de buques y personal militar estadounidense, a efecto, según Washington, de combatir a los cárteles transnacionales de drogas que inundan Estados Unidos.
Figuran 4,000 elementos, entre tripulantes e infantes de marina, destructores, buques anfibios, cruceros, un submarino y un portaviones de propulsión nuclear. Al escribir estas líneas, Estados Unidos informa que ha destruido 10 embarcaciones de narcotraficantes que navegaban en aguas internacionales con la muerte de 43 tripulantes. El panorama se agudiza ante declaraciones del presidente Donald Trump, quien pretendería atacar objetivos en suelo venezolano, no obstante que ese país no es una fuente principal de cocaína, aunque sí una ruta colombiana.
Han surgido interrogantes sobre el verdadero motivo del despliegue militar. Para algunos sería una demostración del poder naval estadounidense y tomar por propia cuenta el desmantelamiento de los cárteles internacionales, los que son considerados por ese país como “narcoterroristas”. Pero para otros, el objetivo es deshacerse del tirano venezolano Nicolás Maduro y develar advertencias a sus finos aliados en países como China, Irán, Colombia, Cuba, Nicaragua y México. Estos analistas sugieren que el volumen y la naturaleza de las fuerzas militares desplegadas responden a algo más que a una interdicción de drogas.
Otros analistas más afirman que por el momento no se observa una posible invasión a gran escala en Venezuela, pero no habría tampoco que descartarla. Sin embargo, la presencia naval permite a Estados Unidos disuadir, monitorear y realizar operaciones encubiertas y ataques estratégicos. Los objetivos esenciales sería el propio Maduro y los ministros del Interior y de Defensa Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López. La presión militar estaría destinada a debilitar al gobierno de Maduro y sus fuerzas armadas con el fin de propiciar un cambio de régimen, incluso, sin descartar un enfoque diplomático para su partida.
No obstante que el presidente Trump justifica que las naves atacadas transportaban drogas a Estados Unidos, sin comprobarlo, y que las acciones responden al interés nacional de su país, que se realizan en aguas internacionales y que se ha invocado a la “legítima defensa”, especialistas afirman que se estaría violentando el Derecho Internacional, particularmente sobre los principios de la soberanía y la prohibición del uso de la fuerza de acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas; la libertad de navegación en alta mar según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar; y los Convenios de Ginebra y sus protocolos sobre el Derecho Internacional Humanitario, que distinguen objetivos militares y civiles bajo los principios de necesidad y proporcionalidad, que al romperse estas normativas, estaríamos frente a crímenes de guerra o “ejecuciones extrajudiciales”.
El uso de la fuerza sólo podrá utilizarse en legítima defensa ante un ataque armado, conviene el Artículo 51 de la Carta, o con autorización del Consejo de Seguridad, la calificación eventual “tráfico de drogas” por sí sola no justificaría un “ataque armado”, estaríamos frente a una situación de fuerza letal, sin intento de captura u otras medidas menos drásticas.
En el contexto, sin pretender justificar al crimen transnacional, los ataques navales sin precedentes en la región y el incumplimiento de las normas internacionales, constituyen -resaltan analistas- una flagrante violación al Derecho Internacional y al orden jurídico internacional basado en normas, particularmente en materia de soberanía, uso ilegítimo de la fuerza y la libertad de navegación, ponen en riesgo la estabilidad regional y fractura aún más la cuestión multilateral -en crisis y cuestionamiento ante la reconfiguración del orden mundial-, en función de acciones unilaterales.
