En un ambiente caracterizado por el endurecimiento de las medidas migratorias en contra de ciudadanos de diversas nacionalidades, como la reciente suspensión de solicitudes de “green cards” pendientes y la cancelación de ceremonias de ciudadanía a personas de 19 países considerados de alto riesgo, llama la atención la iniciativa de ley propuesta a principios de diciembre por el senador republicano de Ohio, Bernie Moreno, denominada “Exclusive Citizenship Act of 2025”, la cual exige que las personas con doble nacionalidad renuncien a su ciudadanía extranjera o estadounidense en el plazo de un año a partir de su promulgación.
La propuesta prohibiría la doble ciudadanía para los estadounidenses y obligaría a las personas a elegir una nacionalidad. El proyecto no es ley, y la doble ciudadanía sigue siendo un derecho plenamente vigente hoy en día. Los expertos prevén importantes obstáculos constitucionales y administrativos que impedirían que la propuesta se haga realidad. La iniciativa se basa en una sola idea: los ciudadanos estadounidenses deben tener lealtad única y exclusiva a los Estados Unidos.
El senador Moreno nació en Colombia, y a los 18 años obtuvo la ciudadanía estadounidense, por lo que habría que determinar qué motivaciones existen detrás la citada iniciativa, que, en el remoto caso de aprobarse, afectaría a muchas personalidades influyentes de la política, del mundo empresarial y del espectáculo.
Sin embargo, el proyecto de ley ha provocado preocupación entre muchos expertos legales, quienes consideran que podría afectar a muchos estadounidenses que tal vez no sepan que tienen doble ciudadanía. Los expertos de migración estiman que millones de estadounidenses tienen más de una nacionalidad.
La iniciativa del senador Moreno busca prohibir la doble nacionalidad para todos los ciudadanos estadounidenses; exigir a los ciudadanos con doble nacionalidad que renuncien a una de ellas; tratar a las personas que no cumplen con las normas como si hubieran renunciado voluntariamente a la ciudadanía estadounidense; despojar automáticamente de la ciudadanía a cualquier persona que se naturalice en otro país en el futuro; crear un registro federal de ciudadanos con doble nacionalidad y; reclasificar a ex ciudadanos como extranjeros para fines de inmigración.
Martha Mc Devitt-Pugh, presidenta de “Democrats abroad” -brazo del Partido Demócrata en el exterior-, expresó su condena enérgica a la propuesta, destacando que “la doble nacionalidad no es una amenaza; es una ventaja que refleja la realidad de un mundo interconectado donde los estadounidenses viven, trabajan, sirven y defienden los intereses de EU a escala global. Cuestionar la lealtad porque un ciudadano posee otro pasaporte no solo es incorrecto; es un ataque a los millones de estadounidenses cuyas vidas trascienden las fronteras y que contribuyen cada día a la fortaleza del país”.
Además de ser inconstitucional, ya que la Decimocuarta Enmienda garantiza la ciudadanía estadounidense a todas las personas nacidas o naturalizadas en los EU, y la Corte Suprema ha reiterado que el gobierno no puede privarlas de ella como castigo ni por decisión política, el proyecto de ley se basa en una narrativa falsa y peligrosa.
De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, desde 1998 la Ley de Nacionalidad de México permite que los ciudadanos mexicanos cuenten con otra nacionalidad además de la mexicana. Precisamente el objetivo del gobierno mexicano fue proteger a nuestros connacionales en los EU: se estima que alrededor de 10 millones de mexicanos en los EU tendrían derecho a la doble nacionalidad.
Si bien la propuesta parece no contar con apoyo político bipartidista para que avance, sería un acierto que la red consular de México en los EU monitoree el ambiente legislativo en los congresos estatales y en Washington para evaluar sus verdaderos alcances, con el fin de sopesar cualquier situación y que la Cancillería mexicana esté preparada para instrumentar medidas de protección preventiva. Tampoco estará por demás el relanzamiento de la campaña informativa sobre la doble nacionalidad para que las comunidades mexicanas puedan recibir asistencia legal a través de los abogados consultores del Programa de Asistencia Legal en el Exterior (PALE) que ofrecen los 53 consulados de México en los EU.
