Al menos 60 evangélicos serán expulsados de su comunidad y sus bienes serán repartidos entre los pobladores en Cantinela, municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, si es que se niegan a cooperan en las fiestas patronales católicas, según amenazan los organizadores del festejo religioso, quienes ya preparan los cortes de agua potable y energía eléctrica a las familias cristianas que se niegan a participar de manera obligatoria, así como prohibirles el uso del panteón local.
El pastor Gabriel Chavarría Salvador, de la misión pentecostés Príncipe de Paz, estuvo acompañado de miembros de su iglesia el pasado mes de febrero buscando que el presidente municipal, Emanuel Hernández Pascual, de Morena, atendiera su exigencia de respetar los derechos humanos y la libertad de culto, pero hasta el momento el funcionario ha endosado el conflicto al gobernador Julio Menchaca Salazar, del mismo partido y a la Comisión de Derechos Humanos.
Y es que los evangélicos son obligados a pagar cuotas familiares que impone la autoridad local, así como el desempeño de tareas que son propias del culto católico. “No nos negamos a cooperar, pero lo que nos ponen a hacer son cuestiones que van en contra de nuestra fe como evangélicos. Es como si nosotros los pusiéramos a cantar himnos o a pintar nuestro templo… aparte nos piden dinero para comprar licor y cerveza y eso es contario a nuestra fe”, me dijo vía telefónica Nicolás Mundo, uno de los afectados.
El municipio de Ixmiquilpan -y en general el estado de Hidalgo- tienen un extenso historial de casos de intolerancia religiosa. En la mayoría, la autoridad se ha limitado a desestimarlos, archivarlos, rechazarlos y en el mejor de los casos “solucionarlos” por la vía de la mediación, siempre en detrimento de quienes no son católicos, que deben soportar la cantaleta de que los “usos y costumbres en una comunidad están por encima de las garantías constitucionales”.
En abril de 2001, en la comunidad de San Nicolás, el entonces delegado municipal, Heriberto Lugo prohibió el entierro de un evangélico porque su familia no cooperaba para las fiestas católicas; en la misma comunidad, pero en octubre del 2005, el subdelegado Noé Gerardo Nicolás, encabezó una asamblea donde se acordó expulsar a 30 familias cristianas por pretender construir un templo en la comunidad; en diciembre de 2008, Otilia Corona Chávez, indígena de una iglesia pentecostés, debió ser sepultada en su domicilio, luego de que las autoridades impidieron a su familia el uso del panteón por no participar en las celebraciones del santo patrono; lo mismo le pasó al pastor Ponciano Rodríguez, quien falleció en agosto del 2005, cuyo cadáver estuvo 2 días en la plaza pública de San Nicolás, hasta que se les permitió a sus amigos darle sepultura en otro panteón.
El tiempo corre, las autoridades se desentienden del problema, los evangélicos están a punto de ser expulsados, o bien deben pagar hasta 120 mil pesos de multa por el “delito” de no ser católicos, los líderes y organizadores de las fiestas patronales siguen cobrando las cuotas y los Artículos 24 y 130 Constitucionales siguen siendo letra muerta allá en Hidalgo.
PALABRA DE HONOR: ¿Le interesarán a Gobernación las cartas que el clero de Jalisco envió a autoridades de EU, intercediendo por los hijos de Nemesio Oseguera Cervantes, para que les redujeran las sentencias que allá purgan?
