El rugido de los motores volvió a llenar el Autódromo Hermanos Rodríguez, y con él, la promesa de una Ciudad de México que se proyecta al mundo como capital cosmopolita, moderna y capaz de organizar espectáculos globales. Sin embargo, detrás de la euforia de la Fórmula 1 se esconde una pregunta que trasciende lo deportivo: ¿qué tan rentable y equitativo resulta este evento para la capital y sus habitantes?
La respuesta no es simple. Desde su regreso en 2015, el Gran Premio de México ha demostrado una capacidad impresionante para generar derrama económica. Solo en su edición más reciente, se estima que dejó más de 21 mil millones de pesos, una cifra que lo coloca como uno de los eventos con mayor impacto económico en América Latina. Los hoteles alcanzaron una ocupación cercana al 90%, los restaurantes multiplicaron su clientela y el turismo internacional volvió a llenar las calles del Centro Histórico y la Zona Rosa.
El evento, sin duda, beneficia a la ciudad en varios niveles. Refuerza su imagen como sede confiable de grandes espectáculos, atrae inversiones, promueve el turismo y genera miles de empleos temporales en sectores como transporte, hotelería, gastronomía y logística. La continuidad del contrato con la Fórmula 1 hasta 2028 confirma la apuesta gubernamental y privada por mantener esta vitrina de alcance global.
Pero, como en toda maquinaria compleja, no todo funciona sin fricciones. El costo social y urbano del evento suele quedar fuera de los reflectores. Cada año, la organización demanda operativos especiales de seguridad, cierres viales, despliegue de personal y servicios públicos que, si bien forman parte de la responsabilidad del Estado, implican recursos que podrían destinarse a otros rubros prioritarios. Aunque las autoridades aseguran que no se usan fondos directos para financiar la carrera, la logística urbana sí genera gastos indirectos difíciles de ignorar.
Tampoco puede pasarse por alto el componente de exclusividad. La F1 es una fiesta costosa: los boletos más accesibles superan los tres mil pesos y los de zonas preferentes pueden rebasar fácilmente los veinte mil. Esto limita el acceso a un sector de la población con alto poder adquisitivo y deja fuera a miles de aficionados que viven la emoción desde las pantallas. Así, el evento proyecta una ciudad vibrante, pero también profundamente desigual.
El impacto ambiental es otro punto sensible. La logística del evento (traslados aéreos, consumo energético y generación de residuos) deja una huella significativa. Aunque la organización ha incorporado estrategias de mitigación y reciclaje, aún falta un compromiso más visible con la sostenibilidad. En una capital que enfrenta retos de contaminación, movilidad y falta de agua, el desafío es demostrar que la modernidad también puede ser responsable con el entorno.
Pese a ello, la Fórmula 1 se mantiene como un activo político y simbólico. Para los gobiernos locales, representa la oportunidad de mostrar eficiencia, atraer inversión y consolidar alianzas con la iniciativa privada. Para los ciudadanos, es una inyección de orgullo y pertenencia. La clave está en encontrar el equilibrio entre espectáculo y beneficio social. Si los ingresos que deja la carrera se traducen en mejoras tangibles como infraestructura urbana, espacios públicos, programas culturales o ambientales, la inversión se justifica.
El Gran Premio de México ha demostrado que la ciudad puede competir con las grandes metrópolis del mundo. Su permanencia no solo depende de los contratos y patrocinadores, sino de la habilidad política para convertir un fin de semana de adrenalina en un motor real de desarrollo urbano y bienestar.
Porque al final, más allá del podio y los fuegos artificiales, el verdadero triunfo sería que la velocidad de la F1 también impulsara la transformación justa y sostenible de la Ciudad de México.
