México importa alrededor del 75 por ciento del gas natural que consume. Buena parte llega de Estados Unidos y proviene, paradójicamente, de yacimientos explotados mediante una técnica que durante años nuestro país decidió rechazar: el fracking. Esa contradicción explica por qué el anuncio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum abre una discusión mucho más compleja que decidir simplemente entre fracking sí o fracking no. La verdadera pregunta es otra: ¿Qué riesgos estamos dispuestos a asumir para reducir nuestra dependencia energética?
El pasado 6 de agosto, el gobierno presentó las primeras conclusiones del Comité de científicos y especialistas encargado de analizar la explotación de gas natural no convencional. La presidenta aceptó sus recomendaciones y aclaró algo fundamental: México todavía no ha autorizado una explotación comercial. Lo que comienza es una evaluación condicionada por criterios científicos, ambientales y técnicos.
El primer candado resulta revelador. Antes de pensar en extraer gas, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua deberá investigar si existen depósitos profundos de agua salada suficientemente aislados de los acuíferos de agua dulce. Si esa condición no puede cumplirse, la posibilidad deberá descartarse. El agua, no el gas, podría terminar decidiendo el futuro del fracking en México.
La discusión existe porque la vulnerabilidad energética es real. La producción nacional cubre apenas alrededor de una cuarta parte del consumo de gas natural, mientras México tendría un potencial estimado de 141.5 billones de pies cúbicos de gas no convencional. Buena parte se concentra en las cuencas de Burgos y Sabinas-Burro-Picachos, en el noreste. El potencial puede ser enorme; convertirlo en reservas comercialmente aprovechables es otra historia.
México tampoco parte de cero en materia regulatoria. La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, ASEA, cuenta con disposiciones sobre seguridad industrial, operativa y protección ambiental aplicables a estas actividades. CONAGUA publicó lineamientos para proteger las aguas nacionales en la exploración y extracción de hidrocarburos no convencionales, mientras la CNH regula los planes de exploración y desarrollo, incluidos los correspondientes a estos yacimientos. El problema es que se trata de un marco disperso que deberá complementarse si las nuevas condiciones sobre agua, reciclaje, sustancias químicas, monitoreo y sismicidad pretenden convertirse en obligaciones claras y verificables.
Conviene recordar qué está en juego. El fracking consiste, de manera simplificada, en perforar formaciones rocosas e inyectar fluidos a presión para liberar petróleo o gas atrapado en ellas. Estados Unidos transformó su mercado energético mediante esta tecnología y Argentina convirtió a Vaca Muerta en uno de los principales desarrollos de hidrocarburos no convencionales fuera de Norteamérica. La experiencia internacional demuestra dos cosas al mismo tiempo: el fracking puede producir grandes cantidades de energía y sus impactos ambientales no desaparecen por ello.
Ese matiz cambia la discusión. La pregunta ya no debería ser si el fracking es bueno o malo en abstracto, sino si puede reducir de manera significativa nuestra dependencia del gas estadounidense con un costo económico, ambiental y social aceptable. Para responderla no basta comprobar que existe gas bajo tierra. Hay que saber cuánto puede extraerse, cuánto costará, cuánto tiempo tomará y qué riesgos deberán asumir las regiones donde se encuentre.
El fracking no solo pondría a prueba nuestra geología y nuestra disponibilidad de agua. Pondría a prueba nuestras instituciones.
Ahí debería concentrarse la decisión. Si no existe agua salada suficientemente aislada, si las reservas no son comercialmente viables, si los riesgos resultan mayores que los beneficios o si las instituciones mexicanas no pueden garantizar una supervisión rigurosa, el proyecto no debería avanzar. Si esas condiciones pueden demostrarse, entonces tendría sentido evaluar proyectos piloto antes de pensar en una explotación de mayor escala.
Durante años discutimos el fracking desde posiciones previamente definidas. México tiene ahora la oportunidad de invertir el proceso: primero establecer las condiciones y después tomar posición. Que decidan la evidencia, los límites y la capacidad de nuestras instituciones para hacerlos respetar.
Quizá por eso la pregunta correcta ya no sea simplemente fracking sí o fracking no. La pregunta que México debe responder es mucho más exigente: ¿bajo qué condiciones estaríamos dispuestos a decir que sí y cuáles deberían obligarnos, sin excepciones, a decir que no?
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