El pasado martes 10, la prensa informó sobre la supuesta incursión de un dron del crimen organizado mexicano en territorio estadounidense, hecho que derivó en el cierre preventivo del espacio aéreo en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas. Aunque inicialmente se anunció que la medida se mantendría durante 10 días, el cierre fue levantado apenas ocho horas después, generando confusión y versiones encontradas.
En medio de claroscuros y contradicciones, funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump y el secretario de Transporte, Sean Duffy, reafirmaron la versión de que se trataba de un dron presuntamente operado por un cártel mexicano. Sin embargo, otras fuentes señalaron que el cierre no respondió a una incursión criminal plenamente confirmada, sino a deficiencias de coordinación entre agencias como el Departamento de Defensa y la Administración Federal de Aviación, luego de que oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza desplegaron un sistema láser antidrones tras el avistamiento de objetos no identificados, que, al parecer, eran globos.
Paralelamente, se ha informado que el Ejército estadounidense desarrolla sistemas de armas láser para contrarrestar drones, ante el uso creciente de estos dispositivos por parte de los cárteles mexicanos para vigilar a la Patrulla Fronteriza y facilitar el tráfico de drogas, especialmente fentanilo. Hasta ahora no se han registrado ataques armados con drones en suelo estadounidense, aunque el riesgo potencial se considera en aumento, afirman autoridades.
La situación activó alertas en la oficina presidencial mexicana y en las instituciones de inteligencia y seguridad. La presidenta de México afirmó que “no hay información de nuevos drones que estén en este momento en la frontera”, por lo que llamó a no sobredimensionar el episodio. No obstante, la ausencia de un registro oficial único contrasta con estimaciones estadounidenses: las autoridades habrían detectado cerca de 34 mil vuelos de drones a menos de 500 metros de la frontera durante el año fiscal 2025, mientras que el Pentágono estima alrededor de mil incursiones mensuales.
El tema cobra mayor relevancia en un contexto de fuerte presión política del presidente Trump y de expansión del crimen organizado en México, que en varios frentes ha superado las capacidades del Estado. Esta situación tiene profundas implicaciones para el país, especialmente ante las reiteradas amenazas de una eventual incursión estadounidense en territorio mexicano para combatir directamente a los cárteles. Los grupos criminales han demostrado capacidad técnica para operar sistemas aéreos no tripulados, tanto dentro de México como en la franja fronteriza, un espacio altamente sensible de la relación bilateral.
Para diversos sectores en Estados Unidos, el Estado mexicano parece incapaz de controlar a los cárteles que operan más allá de la frontera, lo que alimenta cuestionamientos sobre la eficacia institucional y sospechas de colusión con altas esferas del poder mexicano. En los sectores más radicales, la presencia de drones mexicanos en territorio estadounidense ha dejado de ser vista como un problema exclusivamente criminal y comienza a ser interpretada como una amenaza a la seguridad nacional, lo que impulsa la presión para designar a estos grupos como “organizaciones terroristas extranjeras”, con potenciales consecuencias financieras, logísticas y militares fuera de Estados Unidos.
El impacto político interno tampoco es menor: la presencia de drones en la frontera refuerza las críticas sobre la eficacia del combate del gobierno mexicano en el crimen organizado y pone nuevamente en evidencia la persistente inseguridad en el país.
