Grupo Salinas, conglomerado empresarial encabezado por Ricardo Salinas Pliego, denunció como ilegal la resolución del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que negó el amparo solicitado por Grupo Elektra en un proceso relacionado con un crédito fiscal originado en 2012. La empresa advirtió que esta decisión refleja un sistema de justicia, a su juicio, sometido a presiones políticas y a una agenda ajena a la ley.
En un comunicado difundido tras conocerse el fallo, Grupo Salinas señaló que los magistrados Ana María Ibarra Olguín, Yaremy Patricia Penagos Ruiz y Alfredo Enrique Báez López omitieron considerar los impedimentos procesales planteados durante el juicio.
La compañía afirma que los juzgadores confirmaron así su alineación con un proyecto político y dejaron de lado la defensa de los derechos de los contribuyentes. Según el grupo, esta actuación abre la puerta al uso de la justicia con fines políticos y al cobro de créditos fiscales que califican como arbitrarios y desproporcionados. De acuerdo con la empresa, el contenido de la resolución es ilegal por diversas razones. En primer lugar, afirma que el tribunal omitió intencionalmente lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2012, año en que se originó el crédito fiscal en disputa. Además, señala que se violó el debido proceso, ya que en lugar de negar el amparo, el tribunal debió remitir el asunto a un órgano jurisdiccional distinto, dado que existían impedimentos procesales que así lo requerían.
El Grupo Salinas considera que el fallo refleja un patrón preocupante en el sistema judicial mexicano. A su entender, pese a la existencia de pruebas claras de ilegalidad, el tribunal optó por una postura que favorece al Servicio de Administración Tributaria (SAT), legitimando lo que considera cobros abusivos y permitiendo prácticas arbitrarias por parte de la autoridad fiscal. La compañía subrayó que, desde hace años, ha defendido su derecho a una justicia pronta, completa e imparcial. Por ello, tras ser notificados formalmente de la sentencia, presentarán un recurso de revisión constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el objetivo de que el máximo tribunal examine el caso. Grupo Salinas reiteró que confía en que le asiste la razón ética y jurídica y que continuará su defensa por las vías legales correspondientes hasta agotar todas las instancias.
El litigio forma parte de una serie de disputas fiscales que Grupo Elektra y otras empresas del conglomerado mantienen con el SAT, derivadas de créditos fiscales generados hace más de una década. Estos casos han adquirido relevancia pública por los montos en disputa y por los señalamientos de la compañía respecto a presuntas presiones políticas en su contra. La resolución del tribunal colegiado se suma a otros fallos recientes que han sido interpretados por el grupo como parte de una estrategia de hostigamiento fiscal, mientras que las autoridades hacendarias han defendido la legalidad de sus actos y su compromiso con el Estado de derecho. El caso queda a la espera de que la Suprema Corte decida si atraerá el recurso y analizará el fondo del asunto.
Voz en Off
Extraña defensa que se dio de Uber frente a la reforma laboral que busca regular a repartidores ha resultado insólito y sumamente mediática, al punto que parece haber sido cuidadosamente orquestada. Se sabe que desde la compañía se desplegó un discurso homogéneo en el que todos sus mensajes giran en torno a la defensa de la “flexibilidad” y la “autonomía” que, según ellos, caracteriza a su modelo, insistiendo en que cualquier regulación que imponga un esquema tradicional de empleo terminaría perjudicando a los propios repartidores. Lo curioso es que, casi de inmediato, en redes sociales comenzaron a circular comentarios que repetían prácticamente las mismas ideas, como si se tratara de un guion: que los repartidores no quieren ser empleados formales, que prefieren decidir cuándo y cuánto trabajar, y que la reforma podría terminar quitándoles ingresos en lugar de darles beneficios. La uniformidad y la velocidad con que estos mensajes se difundieron generaron sospechas, pues parecía menos una expresión auténtica de los trabajadores y más una campaña diseñada para moldear la opinión pública y presionar al gobierno. Todo ello hace que se perciba la defensa de Uber México, como un ejercicio de propaganda más que como un intento genuino de dialogar sobre las verdaderas necesidades y derechos de los repartidores. De ser así, es un acto irresponsable, burdo, deleznable, que solo pretende conservar su negocio millonario a costa de los repartidores…
@juliopilotzi
X: @juliopilotzi
