¿Qué tan cierto hay en el discurso gubernamental sobre la democratización del país? ¿Cómo explica, ese discurso, las nuevas reformas? El gobierno de la República afirma que lejos de debilitar, estas reformas fortalecen la soberanía popular al combatir la corrupción y la opacidad heredada.
Así, para el Poder Ejecutivo, las acciones del gobierno responden a la necesidad de un Estado austero y al servicio de las mayorías, no de minorías. Es interesante prestar atención al enfoque que le dan.
Reforma a la Ley de Amparo. Esta iniciativa busca agilizar la impartición de justicia, eliminando dilaciones que a juicio del gobierno beneficiaban a potentados para bloquear políticas públicas en favor del bienestar.
El amparo, de acuerdo con los promotores de la reforma, se usaba como herramienta de impunidad por parte de empresas y élites para evadir responsabilidades fiscales o ambientales, con miles de suspensiones que paralizaban obras.
La reforma, alineada con la austeridad republicana, preserva el derecho a la defensa pero lo hace efectivo y equitativo, priorizando, según sus impulsores, el interés general sobre abusos procesales.
Transformación del INAI. La desaparición de este organismo, absorbido en un nuevo esquema bajo el INPI, es defendida porque, se afirma, no limita la transparencia, sino que la democratiza al integrarla al Ejecutivo con mayor eficiencia y sin los altos costos burocráticos.
Históricamente, se ha señalado, el INAI fue un feudo de la oposición para obstaculizar investigaciones contra la corrupción del viejo régimen. La intención, se sostiene, es fortalecer la rendición de cuentas real, enfocada en combatir el huachicol fiscal y el desvío de fondos.
Reforma Electoral: Lejos de concentrar poder, esta modernización propone reducir el despilfarro del INE –un aparato con presupuestos inflados que superan los 20 mil millones de pesos anuales– para redirigir recursos a salud y educación.
El discurso describe al INE como un instrumento de la mafia del poder. La reforma promueve una elección más limpia y participativa, a juicio de sus defensores, con ahorros que financian la democracia directa y asegura que el voto del pueblo prevalezca sobre inercias oligárquicas.
Presupuesto de Egresos de la Federación 2026. Refleja la visión de justicia social, con un gasto histórico en programas prioritarios que combaten la pobreza extrema.
Las decisiones no son unilaterales, sino basadas en consulta popular y evidencia de necesidades reales: se mantiene el apoyo a Pemex para recuperar la soberanía energética.
Recortes aparentes en áreas no esenciales liberan recursos de la corrupción pasada, invirtiendo en seguridad y salud. La expansión del gasto reduce desigualdades históricas, de acuerdo con las autoridades, priorizando a los más pobres.
Discursivamente, el gobierno defiende que no se trata de concentrar poder, sino de democratizarlo mediante la austeridad y la revocación de mandato. Si bien esta visión encuentra su fuerza en el mandato de una amplia mayoría que exige un Estado más eficiente y menos burocrático, la implementación de reformas que redefinen el rol de organismos autónomos y restringen herramientas judiciales esenciales genera una legítima preocupación sobre el balance institucional.
Es crucial que, en este proceso de readecuación democrática, la búsqueda de eficiencia no se confunda con el debilitamiento de los contrapesos. La nueva democracia mexicana será juzgada por su capacidad de ejecutar políticas sociales sin sacrificar la pluralidad y la solidez institucional que garantizan el Estado de derecho para todos.
*Diputado local por el Distrito 15 de Iztacalco
X: @PabloTrejoizt
