El Informe Preliminar del Panel Científico Internacional Independiente sobre Inteligencia Artificial de las Naciones Unidas, publicado hace unos días, expone con claridad cuantitativa el escenario global de la tecnología y obliga a replantear la agenda pública hacia un enfoque integral que contemple la innovación, la educación, el desarrollo económico y la protección de las infancias. La aceleración tecnológica observada en los últimos años demuestra que la inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa de futuro para convertirse en el motor principal de la transformación social, legislativa y productiva a nivel mundial.
Las métricas del informe demuestran una aceleración exponencial en el procesamiento de capacidades complejas: las puntuaciones máximas en la prueba de razonamiento de nivel de doctorado GPQA Diamond pasaron del 36% en 2023 al 95% en 2026. En el ámbito del razonamiento matemático avanzado, la evaluación FrontierMath registró un salto extraordinario, del 19% registrado en enero de 2025 al 88% en 2026. Sin embargo, esta capacidad técnica no es neutra ni equitativa.
La infraestructura de cómputo requerida para el entrenamiento de modelos de frontera está concentrada de manera desproporcionada en pocas regiones del mundo: Estados Unidos concentra el 75% de la potencia instalada en las 500 supercomputadoras más potentes del planeta, China abarca el 15% y el resto de las naciones se distribuyen apenas el 10% restante. Esta brecha en infraestructura amenaza con consolidar una nueva dependencia geopolítica y tecnológica si no se promueven mecanismos multilaterales de acceso democratizado al cómputo de alto rendimiento.
En las aulas y centros comunitarios, la inteligencia artificial no debe ser vista como un tabú ni como un sustituto automático del pensamiento crítico, sino como una herramienta pedagógica regulada bajo estrictos criterios científicos. Diversos experimentos de campo citados por la ONU revelan que el uso de sistemas de chat interactivos sin restricciones ni guía docente genera una “ilusión de competencia” en el alumnado, la cual termina por empeorar el aprendizaje duradero y la retención conceptual a largo plazo.
En contraste, la implementación de sistemas de tutoría normados y estructurados paso a paso logra elevar el rendimiento académico a largo plazo hasta en un 127%. La clave para capitalizar estos avances radica en la alfabetización digital y en la formación continua del personal docente. Actualmente, solo el 44% de los alumnos de educación secundaria considera que sus profesores cuentan con la capacitación adecuada para integrar la IA en las dinámicas escolares, una deficiencia que se profundiza ante el hecho de que la mitad de las instituciones educativas carece de reglamentos institucionales claros al respecto.
A la par de las oportunidades académicas y del potencial para el crecimiento económico sustentable, la regulación de los entornos digitales, plataformas interactivas y redes sociales para la niñez y la adolescencia se posiciona como una prioridad ineludible de salud pública y seguridad nacional. Las estadísticas presentadas son alarmantes: se estima que más de 1.2 millones de niñas y niños han sufrido algún tipo de manipulación o explotación de sus imágenes mediante herramientas de generación sintética para crear ultrafalsificaciones (deepfakes), al tiempo que el 99% de las víctimas de pornografía no consentida generada por inteligencia artificial corresponden a mujeres y niñas.
Asimismo, la arquitectura de diseño de ciertos asistentes virtuales y agentes conversacionales incluye comportamientos “aduladores”, orientados intencionalmente a simular empatía, generar apego emocional y prolongar el tiempo de interacción del usuario. Esta dinámica ha derivado en graves crisis de salud mental, cuadros de aislamiento social y tragedias documentadas entre la población juvenil.
Establecer límites normativos firmes, restringir funcionalidades de alto riesgo en productos destinados a menores y exigir mecanismos rigurosos de verificación de edad no implica limitar derechos fundamentales; por el contrario, representa una garantía indispensable para que la tecnología amplíe las capacidades humanas sin vulnerar la integridad, la privacidad y el desarrollo pleno de las infancias y adolescencias.
El dilema de nuestra era no reside en frenar el avance científico ni en rechazar la innovación, sino en construir con oportunidad un entorno legislativo, institucional y ético que garantice que la inteligencia artificial evolucione de manera segura, equitativa y verdaderamente orientada al bienestar colectivo y al desarrollo social.
*Diputado local por el Distrito 15 de Iztacalco
X: @PabloTrejoizt
