En la arquitectura electoral mexicana, pocas alianzas han demostrado tanta eficacia y madurez institucional como la que sostienen el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs). Lejos de ser una relación jerárquica o de subordinación, el vínculo entre ambos organismos se ha convertido en un ejercicio de corresponsabilidad que, con los años, ha permitido garantizar elecciones libres, confiables y técnicamente impecables en cada rincón del país.
El arranque, esta semana, de los trabajos de evaluación conjunta entre el INE y los titulares y consejerías de los OPLEs marca un nuevo capítulo en la consolidación del Sistema Nacional de Elecciones. Esta iniciativa no es menor: se trata de un ejercicio de introspección y autocrítica que busca identificar áreas de mejora, recoger experiencias y traducirlas en propuestas concretas de reforma electoral. Es, en esencia, una apuesta por fortalecer desde el territorio las bases mismas de la democracia mexicana.
Los OPLEs, con su experiencia acumulada y profundo conocimiento de las realidades estatales, son mucho más que oficinas de operación electoral: son los ojos y oídos del sistema en el terreno. Su labor ha sido decisiva para acercar la democracia a las comunidades más diversas del país, adaptando procedimientos, sorteando desafíos logísticos y garantizando la inclusión de todos los sectores de la ciudadanía. Han probado, una y otra vez, su razón de ser. Por ello, no deben ser vistos como instituciones que buscan sobrevivir a una eventual reforma, sino como entidades indispensables para mantener viva la pluralidad y el federalismo electoral que dan sustento al Estado mexicano.
Por su parte, el INE ha asumido con inteligencia y apertura su papel como facilitador de diálogo. Su decisión de recibir y sistematizar las propuestas de reforma electoral de asociaciones, colegios, instituciones y organismos locales refleja un compromiso con la escucha activa y la deliberación pública. No se trata de imponer una visión centralizada, sino de construir colectivamente el futuro de la democracia.
El Instituto ha anunciado que todas las propuestas serán integradas y presentadas ante la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y posteriormente ante el Congreso de la Unión. Con ello, el INE se coloca como un verdadero puente entre la ciudadanía organizada, los órganos locales y los poderes del Estado. Es una función de mediación institucional que fortalece su legitimidad y reafirma su papel como garante de la confianza ciudadana.
En momentos en que el país discute posibles cambios a su sistema electoral, conviene recordar que la fortaleza del modelo mexicano radica precisamente en su carácter compartido. Centralizar la organización de los comicios en una sola institución sería desconocer la riqueza del trabajo local que, desde hace más de tres décadas, ha nutrido la experiencia electoral nacional.
El Sistema Nacional de Elecciones es, en última instancia, una red de corresponsabilidades: el INE aporta la visión nacional, la normatividad y los estándares técnicos; los OPLEs aportan la cercanía con las comunidades, la capacidad operativa y el pulso del territorio. Su alianza no solo ha demostrado eficacia, sino que constituye un patrimonio institucional que merece ser preservado y fortalecido.
Porque la democracia mexicana —esa que se construye voto a voto, casilla a casilla, municipio a municipio— no se sostiene en un solo edificio en la Ciudad de México, sino en miles de oficinas y personas que, desde lo local, hacen posible que la voluntad ciudadana se exprese con libertad y certeza.
