El 8 de diciembre de 2005 ocurrió la detención de Israel Vallarta y Florence Cassez por parte de la entonces Agencia Federal de Investigación, a cargo de Genaro García Luna. Detención que fue transmitida en vivo por las televisoras y cubierta por todos los medios de cominicación (radio y periodicos).
Como reportero que cubrió esos hechos, presencié cómo un operativo supuestamente planeado con estrategia, inteligencia e investigación de meses se tambaleó cuando una ciudadana extranjera denunció que los hechos no habían sido como nos los contó la AFI, fuente oficial del caso, ya que los presuntos responsables habían sido detenidos en otro lugar y en otro momento.
Así, este evento pasó de operativo a montaje, lo que desencadenó una saga de casi 20 años de prisión para Israel Vallarta y de siete años de cárcel para Florence Cassez. Mi participación como reportero de aquel evento derivó en mi despido por parte de la empresa para la que entonces laboraba. Ningún otro periodista tuvo consecuencias, porque no había motivo alguno para responder por hechos que solo correspondían a las autoridades policiacas de aquel entonces.
Esto me llevó a presentar una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), señalando posibles violaciones al debido proceso, lo que, después de año y medio de investigación, derivó en la única disculpa pública que existe y está dirigida a mi persona por parte de la Procuraduría General de Justicia. En este documento reconocen haberme ocultado información veraz y objetiva sobre el operativo, especificamente que había ocurrido en un lugar y momento distintos. (Todo esto y más lo narro en el libro El caso Florence Cassez: Mi testimonio, donde cuento lo que ví esa mañana y lo que viví meses y años después en defensa de mi nombre).
La Suprema Corte liberó a Cassez en 2013 por irregularidades procesales, pero Vallarta permaneció encarcelado porque, de acuerdo con la secretaria de Gobernación, los criterios legales que beneficiaron a la ciudadana francesa no podían aplicarse a él ya que tenía otras dos causas penales por otros delitos de secuestro.
Hoy, su liberación nos invita a cuestionar la eficacia y transparencia de la justicia en México y plantea importantes preguntas: ¿es esta la “justicia pronta y expedita” que promete la Constitución?, ¿existe la justicia en México o es una moneda de cambio que se usa como botín político?, ¿la prisión preventiva oficiosa es una herramienta útil para hacer justicia cuando practicamente en México, de cada 10 personas privadas de su libertad, 4 no tienen sentencia? (INEGI 2024), ¿cuántas personas más esperan tras las rejas que esto cambie?, pero sobretodo ¿cuántas de estas personas son inocentes?
