En México hablamos con frecuencia de inclusión, pero pocas veces nos detenemos a pensar qué significa realmente construir instituciones capaces de comprender las diferencias humanas. Esta semana, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio un paso que merece atención pública: ordenó al Instituto Nacional Electoral considerar la condición de autismo de un trabajador dentro de un procedimiento laboral sancionador y adaptar el entorno para garantizarle un acceso pleno a la justicia.
La decisión no es menor. Durante décadas, los procesos legales en México se diseñaron bajo una lógica uniforme: mismas reglas, mismos formatos y mismas exigencias para todas las personas, como si todos procesáramos el entorno de la misma manera. El problema es que la igualdad formal no siempre garantiza justicia real.
El criterio impulsado por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña reconoce algo elemental pero profundamente transformador: una persona neurodivergente enfrenta un procedimiento legal en condiciones distintas. Un interrogatorio, una audiencia o incluso el ruido de una oficina pueden convertirse en una barrera adicional que afecte su capacidad de defensa.
Como explicó el propio magistrado durante la discusión del asunto: “Aplicar la neurodiversidad al derecho procesal no es dar una ventaja indebida, es simplemente quitarle el vendaje a la justicia para que pueda ver a la persona que tiene enfrente y tratarla con la dignidad que su condición humana exige”.
La frase resume el fondo de una resolución histórica. Porque la sentencia plantea medidas concretas: espacios con baja carga sensorial, lenguaje claro y pausas que permitan preservar la autonomía de la persona durante el proceso. No se trata de privilegios ni de ventajas indebidas; se trata de eliminar obstáculos que históricamente han permanecido invisibles para las instituciones.
Más aún, el mensaje institucional es poderoso. “La democracia no sólo se construye con votos, sino con la garantía de que el acceso a la justicia electoral sea accesible para todas las mentes”, señaló el magistrado De la Mata.
En un país donde todavía existen enormes rezagos en materia de inclusión, este precedente abre una conversación necesaria sobre la neurodiversidad en el ámbito público. Porque entender que no todas las personas viven, perciben o procesan el mundo de la misma manera no debilita al Estado de derecho; lo humaniza.
Quizá ahí radique la verdadera relevancia de esta resolución: recordar que la justicia no debe aspirar únicamente a ser legal. También debe ser empática, accesible y profundamente humana.
La otra crisis digital
La seguridad digital dejó de ser un asunto exclusivo de especialistas tecnológicos. Hoy impacta la estabilidad financiera, la reputación corporativa y la confianza de los consumidores. Los ciberataques evolucionaron y ahora aprovechan errores humanos, accesos de terceros y fallas en controles internos. El caso de Booking.com lo confirmó. En abril, la empresa reconoció una filtración de datos tras un ataque que comprometió información de reservaciones y datos confidenciales de usuarios. Para expertos como Silent4Business, de Layla Delgadillo, el riesgo ya no radica solo en vulnerar sistemas complejos, sino en manipular empleados, proveedores y socios con acceso a información sensible mediante tácticas de ingeniería social. Un descuido basta para provocar fraudes y daños reputacionales de gran escala. La recomendación apunta a reforzar la verificación de identidad, supervisar accesos externos e integrar la ciberseguridad a la estrategia de negocio.
