Creo que lo que está ocurriendo en España es una llamada de atención para muchos países que tienen gobiernos progresistas, como el nuestro. Los gobiernos deberían tomar con mayor seriedad las denuncias de corrupción que involucren tanto a miembros del gobierno como del partido en el poder, así como a sus familiares.
Es el caso español, cuyo gobierno actual, presidido por Pedro Sánchez del Partido Obrero Socialista Español (PSOE), llegó al poder a raíz de una moción de censura contra el gobierno de Mariano Rajoy, del Partido Popular (de derecha), como consecuencia de una investigación de corrupción en la que estaban implicados varios de sus miembros. Es decir, podríamos estar próximos a ver una repetición de la historia en España.
La investigación que tiene de cabeza Pedro Sánchez fue realizada por la Unidad Central Operativa (UCO), un cuerpo de élite de la Guardia Civil creado, por cierto, por el primer gobierno de izquierda tras la caída de la dictadura, el de Felipe González. La UCO opera de forma independiente, y prueba de ello es que antes de que estallara el caso actual, estaban investigando a la esposa y al hermano del presidente por supuestas contrataciones irregulares. Hasta ahora, en ambos casos, parece tratarse más bien de una venganza política por parte de jueces cercanos al Partido Popular.
El caso de ahora, que involucra a un exministro y a un destacado miembro del PSOE que ocupa el tercer cargo en importancia y a un asesor de ambos, surge a raíz de conversaciones intervenidas en las que se habla de cómo se repartirían las mordidas de los contratos —sobre todo de obras públicas— que se otorgarían a empresas privadas. Es de destacarse que, una vez más, grandes empresas están involucradas en la trama de corrupción, y muchas veces logran salir de ella sin ser perjudicadas.
El gobierno español, en voz de Pedro Sánchez y en una carta a los miembros del PSOE, ha pedido disculpas, pero se ha negado a adelantar las elecciones, como exige la oposición. Ésta, sin embargo, no cuenta con los votos necesarios para presentar una moción de censura en el parlamento. Todo dependerá de la reacción de los partidos de izquierda aliados parcialmente con el PSOE.
Como bien escribe Jesús Espelosín en el periódico digital Nueva Tribuna, refiriéndose a este caso, “parece repetirse una historia conocida”: los casos de corrupción suelen seguir ciertas etapas. Él enumera diez; destaco las más relevantes, pues creo que se repiten en todos los países: 1) Run run; 2) Rumores en redes sociales; 3) Rumores en medios de comunicación; 4) Noticias sobre una investigación y/o aparición de pruebas; 5) Denuncia formal ante tribunales, que culminan con la sentencia de un juez, condenatoria o no.
México Elige acaba de publicar un informe que incluye la pregunta: “¿Cuál considera que es el principal problema del país?” La respuesta más señalada es, ni más ni menos, la corrupción. Como cualquier encuesta, esta puede tener objeciones, pero creo que el gobierno debe tomar en cuenta que sigue siendo un problema presente en la mente de la gente.
No se olvidan sucesos que, aunque parezca que el tiempo los entierra, siguen pesando: los videos que hemos visto en los que se entrega dinero a familiares del expresidente, o las conversaciones hackeadas en las que supuestamente familiares estarían involucrados en hechos de corrupción relacionados con obras públicas. A esto se suman la gran cantidad de denuncias que leemos a diario; seguramente muchas son falsas o con fines políticos, pero algunas podrían ser ciertas y, sin embargo, no se informa nada o casi nada sobre ellas.
El caso español es una llamada de atención: aunque se gobierne con una agenda progresista en favor del pueblo, el peso de los servidores públicos corruptos puede ser mayor y hacer caer a un gobierno.
