El pasado 21 de mayo, México recibió a Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, para sostener una reunión de alto nivel con la presidenta Claudia Sheinbaum y sus respectivas comitivas. Según la Cancillería mexicana, el encuentro abordó temas de seguridad y migración; sin embargo, vía redes sociales, el funcionario estadounidense destacó también el combate al narcoterrorismo, un asunto sumamente sensible para la administración federal.
Al margen de la presunta buena voluntad y cooperación bilateral que divulga el discurso oficial, este encuentro constituye en realidad un mecanismo más de presión para imponer la agenda de Washington. La asimetría diametral de poder y la ausencia de una estrategia diplomática clara por parte de México han permitido que la contraparte extranjera fije las prioridades en seguridad, narcotráfico y migración.
La presencia de Mullin ocurre en medio de una creciente tensión, marcada por un auténtico terremoto bilateral. La comitiva estadounidense arribó a suelo nacional días después de que los antiguos titulares de Seguridad y Finanzas de Sinaloa se entregaran voluntariamente a la justicia de ese país. El hecho desató agrios temores en la cúpula oficialista ante posibles filtraciones en las cortes de Nueva York sobre redes de alta corrupción. Cabe recordar que la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York solicitó formalmente a México la detención provisional con fines de extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto a otros nueve funcionarios. A este panorama se suma la sombra de las supuestas operaciones encubiertas de la CIA en Chihuahua —donde fallecieron dos de sus agentes al destruir laboratorios de drogas sintéticas con autoridades locales—, lo que causó un profundo malestar en Palacio Nacional.
La reticencia de la mandataria mexicana para proceder con las órdenes de captura de Nueva York responde a cálculos estrictos de estabilidad institucional. Ceder ante los señalamientos externos significaría aceptar la vulnerabilidad de la estrategia de seguridad nacional y convalidar la impunidad interna. Por otro lado, la administración del presidente Donald Trump enfrenta un complejo escenario internacional por el conflicto con Irán y se encamina a elecciones legislativas en noviembre, coyuntura en la que Washington urge capitalizar victorias de rápido consumo doméstico. Doblegar las estructuras omisas de México constituiría un importante reconocimiento de su electorado hacia la gestión republicana.
En este escenario, los canales oficiales destacaron el éxito de las operaciones conjuntas que redujeron en un 90% los encuentros migratorios irregulares en la frontera norte. Esta drástica contracción evidencia la eficacia operativa de la estrategia mexicana de movilidad humana. No obstante, al mantener a la población en tránsito retenida en territorio nacional, México valida la “externalización” de fronteras exigida por Washington, tesis en la que un país rico muda sus controles migratorios a terceros países para detener, procesar y retener los flujos de personas.
Dado que la presencia de la zar antidrogas Sarah Carter se pospuso para junio, las mesas de negociación venideras no se perfilan como espacios de diálogo, sino de rendición de cuentas. Aunque estos encuentros pueden ser útiles para normalizar el diálogo de alto nivel y consolidar mecanismos de cooperación, estos han perpetuado la tendencia hacia los intereses estadounidenses, que han distorsionado el equilibrio y limitado la visibilidad de otros ejes clave. Mientras el discurso oficial continúe atrapado en la desgastada retórica de la soberanía, la cruda realidad de la Realpolitik obligará al país a seguir operando bajo el inflexible yugo de la exigencia estadounidense, en medio del descrédito de la oficina presidencial en el combate al crimen organizado y sus destellos de connivencia.
