La presidenta de México utilizó este lunes la conferencia de Palacio Nacional para pedirle a la población que no vea un medio de comunicación. Esa escena, por sí sola, debería encender alarmas democráticas.
“No vean TV Azteca”, dijo Claudia Sheinbaum durante la mañanera del 25 de mayo. La frase no ocurrió en una entrevista informal ni en un mitin partidista. Fue pronunciada desde la plataforma institucional más poderosa del país, utilizando recursos públicos y la estructura de comunicación del Estado mexicano.
El problema no es una diferencia con una televisora. El problema es la relación del poder con la crítica.
En cualquier democracia seria, un gobierno entiende que los medios están para cuestionar, investigar, incomodar y exhibir sus contradicciones, no para agradarle al gobernante en turno. Cuando desde la Presidencia se señala públicamente a un medio, se cruza una frontera delicada, la del uso del aparato estatal para desacreditar voces incómodas.
La escena revela algo más profundo que una simple confrontación mediática. Exhibe una creciente intolerancia frente al cuestionamiento público. Una lógica donde la crítica deja de verse como parte natural de la democracia y comienza a tratarse como un acto de hostilidad política.
Eso resulta especialmente grave en un país donde el periodismo sigue ejerciéndose bajo presión, amenazas y violencia.
Las palabras presidenciales no son neutras. Tienen peso político, institucional y simbólico. Cuando la titular del Ejecutivo decide utilizar la máxima tribuna nacional para descalificar medios, el mensaje inevitablemente permea hacia una sociedad cada vez más polarizada. El poder no necesita censurar formalmente para generar presión. A veces basta con señalar.
Y mientras eso ocurre, México enfrenta problemas mucho más urgentes y delicados.
La relación con Estados Unidos atraviesa tensiones crecientes por seguridad, narcotráfico y migración. Las remesas, fundamentales para millones de familias mexicanas, permanecen bajo presión política en Washington. La economía enfrenta señales de desaceleración e incertidumbre. La violencia continúa extendiéndose en distintas regiones del país. Y el gobernador Rubén Rocha Moya sigue políticamente intacto pese al enorme desgaste que rodea a Sinaloa en medio de la crisis criminal.
Ese debería ser el centro de la conversación presidencial.
Pero el gobierno parece cada vez más centrado en la confrontación permanente con medios, periodistas y críticos. Como si el desgaste político proviniera de las preguntas incómodas y no de los problemas estructurales que siguen deteriorando al país.
La Presidencia de la República no es un espacio para ajustar cuentas mediáticas ni para orientar a la ciudadanía sobre qué contenidos consumir.
Su responsabilidad debería estar concentrada en gobernar, resolver crisis y rendir cuentas.
Porque cuando el poder comienza a utilizar las instituciones del Estado para desacreditar públicamente a medios críticos, lo que se erosiona no es únicamente la relación con la prensa.
Lo que empieza a deteriorarse es la capacidad democrática de tolerar el disenso.
