El desmentido de la CIA sobre la participación de sus agentes en el “asesinato selectivo” del capo mexicano Francisco Beltrán, alias “El Payín”, no fue porque la versión fuera falsa, sino porque la agencia tiene prohibido por ley revelar fuentes de inteligencia y métodos operativos clandestinos en el extranjero. En entrevistas pasadas y recientes que he hecho con exdirectores de la CIA (Colby, Turner, Webster, Wooley, Dutch), exjefes de estación y exagentes en México, todos han declinado hablar de los actos clandestinos que la agencia ha realizado y sigue realizando en territorio nacional desde que fue fundada por Harry Truman en 1947. “No me siento cómodo hablando sobre Ground Branch o sus operaciones”, me dijo un exagente cuando le pregunté por el grupo paramilitar terrestre de la CIA cuyos agentes dentro de México han participado en “ataque mortales” contra narcos desde el año pasado, de acuerdo con una investigación de la CNN.
Aunque su misión original de robar secretos no ha cambiado, tras el derrumbe de la URSS y los atentados del 9/11, la CIA amplió sus operaciones clandestinas al terrorismo, el narcotráfico y la corrupción. Intensificó el espionaje electrónico y satelital, interceptando comunicaciones de procuradores, gobernadores, jefes policiacos, generales y hasta presidentes. Con la proliferación del uso de drones espiar es hoy todavía más fácil. En 1991, el Senador republicano Dennis DeConcini, que como presidente del Comité de Inteligencia del Senado regularmente recibía informes clasificados de la CIA, comunicó a Carlos Salinas de Gortari en Los Pinos que la agencia sospechaba que su procurador Enrique Álvárez del Castillo, estaba implicado con el narco. “Salinas, que era un buen político, me agradeció el consejo, diciéndome que no me preocupara, que tenía confianza plena en el procurador y que no había bases para las sospechas que teníamos”, me dijo DeConcini en entrevista (El Financiero 16/10/2001). La CIA tenía audios corroborando que, como gobernador de Jalisco, Álvarez del Castillo había impulsado y blindado al Cartel de Jalisco, precursor del Cártel de Sinaloa.
Los presidentes estadounidenses de entonces declinaron acusar de narcotráfico a altos funcionarios mexicanos, aludiendo a la importancia de la estabilidad interna de México para los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. “Los informes que escuchaba y las transcripciones que leía evidenciaban el enorme problema de corrupción en México. Para mí, fue verdaderamente deprimente, pero no pudimos hacer nada. Tres administraciones –Reagan, Bush (padre) y Clinton—se declararon políticamente impotentes para proceder sobre la inteligencia que tenía la CIA”. Esa permisividad fue zanjada con las imputaciones contra García Luna, Cienfuegos y ahora Rocha Moya, primer gobernador en funciones mexicano en ser acusado de narcotráfico por Estados Unidos. Al estilo de Salinas, Claudia Sheinbaum negó las imputaciones contra el morenista, exigiendo conocer las pruebas, de lo contrario, dijo temeraria, “su objetivo es político”. AMLO también pidió a Washington entregar las pruebas contra Cienfuegos. Cuando se las dieron, se burló de ellas y las repartió entre los medios. No sabemos qué va a hacer el gobierno de Trump con la petición de Sheinbaum, pero con el antecedente de AMLO no sorprendería que no le dieran nada.
Con base en fuentes anónimas que apuntan a filtraciones, días después de la acusación contra Rocha, la CNN reveló que la CIA estaba participando directamente en ataques letales, en “una expansión” de los “asesinatos selectivos” contra narcotraficantes en México, encabezada por su grupo de élite Ground Branch. La orden ejecutiva 1233 firmada por Reagan en 1981, denegó a las agencias de espionaje los asesinatos políticos de líderes mundiales, pero el decreto no cubrió la muerte accidental en el transcurso de una operación paramilitar o militar, me dijo William Webster, director de la CIA bajo Reagan (El Financiero 5/6/2001). Tras los atentados del 9/11, la definición de “asesinato” se ha prestado a interpretaciones jurídicas. Lectura de peso en Washington es que los asesinatos de líderes de organizaciones terroristas —particularmente en zonas de conflicto armado— constituyen, desde el punto de vista legal, “ejecuciones selectivas” distintas y realizadas en legítima defensa, por lo que no están prohibidas. Proclive a interpretar las leyes como mejor le convenga, el gobierno de Trump estaría justificando los asesinatos en México bajo ese argumento, habida cuenta de que los carteles han sido clasificados de “organizaciones terroristas extranjeras”.
Quizá nunca lleguemos a saber cuántas ejecuciones ha hecho la CIA en México y desde cuando. Debido al hermetismo que rodea todo lo que hace, sus operaciones están resguardadas en voluminosos expedientes “top secret” que contienen el equivalente de la historia secreta de la guerra a las drogas en México.
@DoliaEstevez
