La elección judicial del 1º de junio de 2025 no solo marcó un hito histórico por su naturaleza inédita, sino que también confirmó algo que ya sabíamos: el Instituto Nacional Electoral (INE) sigue siendo uno de los activos más valiosos del Estado mexicano. A pesar de los múltiples desafíos que enfrentó —desde las tensiones políticas hasta la complejidad operativa de organizar una elección nacional para cargos judiciales—, el INE demostró, una vez más, su capacidad técnica, su compromiso institucional y la solidez de su servicio profesional electoral.
Quienes insisten en ver esta elección como un ejercicio fallido omiten un hecho fundamental: el INE cumplió cabalmente con su responsabilidad. Los cómputos distritales se realizaron sin contratiempos mayores, los resultados y las constancias para las personas ganadoras serán entregadas en tiempo y forma. En un entorno tan adverso y con reglas nuevas, lograr esto no fue una tarea menor. Más que un trámite administrativo, fue una prueba de capacidad institucional que el INE superó con creces.
Es cierto que el modelo de elección judicial es perfectible. La baja participación ciudadana y las críticas sobre el diseño del proceso deben tomarse en cuenta para futuras reformas. Pero eso no resta mérito al papel del INE. Si hubo fallas, no estuvieron en la organización, sino en el diseño normativo y en el contexto político que acompañó el proceso. Aun así, el Instituto garantizó condiciones equitativas, actuó con apego a la legalidad y sostuvo la imparcialidad que le ha caracterizado durante décadas.
Además, esta elección dejó una enseñanza poderosa: México es pionero en la construcción de mecanismos democráticos que amplían la participación ciudadana, incluso en terrenos tan complejos como la elección de jueces, magistrados y ministros. Este modelo, pronto se convertirá en un referente global sobre cómo abrir los procesos electorales judiciales a la vigilancia pública sin perder el rigor institucional. Otros países ya observan con interés lo logrado aquí.
No existe en América Latina —y difícilmente en otras regiones— un organismo electoral con el nivel de profesionalización, cobertura y experiencia que tiene el INE. Su gente, su estructura técnica y su vocación de servicio no son replicables con facilidad. Por eso, defender al INE debe convertirse en una prioridad nacional. México necesita una autoridad electoral fuerte, confiable y autónoma para los retos que se avecinan, ya sean elecciones federales, consultas populares o nuevos ejercicios de democracia directa.
Es momento también de valorar lo que sí funcionó, de fortalecer lo que se ha construido durante décadas y de asumir que, sin el INE, la democracia mexicana no tendría sustento real. La elección judicial de 2025 fue, en muchos sentidos, un parteaguas. Y en ese cruce de caminos, el INE volvió a estar a la altura de la historia.
