“No se debe premiar a quien sirve a la Patria, sino castigar a quien se sirve de ella.”
Josefa Ortiz de Domínguez
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha insistido que “no puedes jurar a dos banderas y ser representante del Estado mexicano” el argumento podría sonar muy patriótico, el problema es que confunde un documento con una convicción y convierte un vínculo jurídico en prueba de lealtad.
El 8 de septiembre, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen por 26 votos a favor y cinco en contra; el texto establece que quienes aspiren a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México no podrán tener ni adquirir otra nacionalidad. La regla aplicaría a partir de 2028 y no alcanzaría a quienes ya ocupen esos cargos al entrar en vigor el decreto.
Este martes 22 de septiembre, el pleno de San Lázaro avaló la reforma en lo general y quedó pendiente el desahogo de reservas. El texto no se limita a exigir la nacionalidad mexicana única, también se aborda el uso de un pasaporte o documento de identidad expedido por un Estado extranjero, el ejercicio de los derechos políticos inherentes a la ciudadanía ante ese Estado y el acogerse a su protección diplomática, ¿entonces la lealtad se pretende medir por lo que se deja de usar?
Se ha mencionado que no se quitan derechos porque “un mexicano puede tener dos o tres nacionalidades” y solo debe abdicar de ellas si quiere ostentar un cierto cargo político, es decir ¿el derecho permanece intacto siempre que uno acepte no ejercerlo en los cargos de mayor responsabilidad?
Eso no es garantizar un derecho; el jurista Raúl Contreras Bustamante abordó el tema recientemente y recordó que en 1997 el Constituyente Permanente reformó la Constitución precisamente para que los mexicanos pudieran tener otra nacionalidad sin perder la propia.
Por otro lado, la Ley de Nacionalidad, en su artículo 16, prevé el certificado de nacionalidad mexicana y la cesación inmediata en el cargo si durante el desempeño se adquiere otra. Contreras Bustamante añade un dato que el discurso oficial prefiere no mirar de frente, y es que el artículo 37 dispone que ningún mexicano podrá ser privado de su nacionalidad.
La lealtad no se mide en sí se tiene o no doble nacionalidad, hay quienes solo tienen una y, aun así, orientan su conducta hacia otros gobiernos, facciones, intereses privados o, en el peor de los casos, hacia grupos criminales o narcoterroristas; desafortunadamente, la historia mexicana está llena de traiciones cometidas por ciudadanos con una sola nacionalidad. El ostentar un solo pasaporte no ha impedido el saqueo, la entrega de contratos, la corrupción o la protección de redes delictivas, porque el crimen organizado no pide carta de naturalización para capturar autoridades, instituciones de seguridad o campañas políticas.
El interés político debería definirse por el bienestar del pueblo, ¿dónde está la lealtad de quienes tienen una sola nacionalidad, pero concentran negocios, cuentas, propiedades o sociedades en otros países como resultado de la corrupción? La reforma vigila la portación de un papel, pero no el verdadero conflicto de interés.
El interés de un político debería definirse por el bienestar del pueblo que juró proteger; con tal de no abordar la verdadera corrupción pareciera que es más fácil legislar sobre nacionalidad que transparentar fortunas, contratos y lealtades de facto.
Esta reforma pareciera hacernos creer que nacer en México y conservar únicamente la nacionalidad mexicana es garantía de compromiso con el país, la realidad es que no lo es. Un mexicano de una sola nacionalidad puede ser el mejor agente de una potencia extranjera, de un consorcio o de una organización ilícita y un mexicano con doble nacionalidad puede haber crecido entre dos lenguas, dos sistemas y dos lealtades, y aun así defender con más rigor la soberanía de ambos.
Si de verdad se quiere que el interés de México esté por encima de cualquier otro, hay que empezar por ahí: por la conducta, el patrimonio, la captura criminal y la impunidad. Un pasaporte se renuncia en una ventanilla. La lealtad, no. Se demuestra cada día, y ningún decreto la sustituye.
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