La mediación, reconocida por la Constitución Federal y por la mayoría de las leyes locales en las entidades federativas, constituye un mecanismo de solución pacífica de conflictos que privilegia el diálogo sobre la confrontación. Las personas mediadoras, certificadas por los tribunales de justicia de cada estado, ayudamos en la construcción de acuerdos que, una vez formalizados, pueden registrarse ante el Tribunal Superior de Justicia y adquirir la fuerza de una sentencia. La gran diferencia es que las empresas no quedan atrapadas por años en la incertidumbre y el desgaste de un juicio.
De esta manera, la mediación no solo evita la judicialización de los conflictos, sino que favorece el cumplimiento oportuno de las obligaciones y contribuye a preservar en mejores condiciones las relaciones de negocios, comerciales y, en general, cualquier ámbito en el que surja un desacuerdo. Las personas mediadoras apoyamos y reconocemos el potencial que ofrece al hacer a las personas partícipes de sus propias soluciones en un mundo global tan competitivo, en conciencia de que las empresas no son únicamente entes económicos, sino motores de desarrollo, generadoras de empleos y contribuyentes fiscales. Cuando una empresa se derrumba, no solo pierde su dueña o dueño: se afecta a trabajadores, familias y comunidades enteras. La mediación, al ofrecer un espacio de diálogo, nos recuerda que detrás de cada conflicto hay personas y que la solución pacífica es siempre más valiosa que la confrontación.
Más allá de su dimensión jurídica, la mediación es también un instrumento social que refleja la vida comunitaria en toda su complejidad. Al convertirse en un verdadero termómetro de las tensiones, necesidades y carencias que atraviesan distintos sectores de la población, ofrece un espacio neutral en el que las personas pueden restablecer la comunicación, escuchar y ser escuchadas, y encontrar caminos de entendimiento.
Lo que deseo compartir en esta ocasión es que, en los últimos meses, el mayor número de conflictos que llegan a las mesas de mediación son de carácter empresarial. Empresas con más de cuarenta años de trayectoria enfrentan una falta de liquidez que les impide cumplir con compromisos financieros: pagar a proveedores, cubrir préstamos o mantener la nómina de sus trabajadores. Este escenario genera una cadena de consecuencias negativas: pagos vencidos, despidos, proveedores que dejan de recibir ingresos y, en consecuencia, más incumplimientos. La mediación se convierte entonces en una vía legal para frenar esa cadena de pérdidas, buscando acuerdos que permitan sostener relaciones comerciales y preservar empleos.
El análisis de estos casos muestra que la mediación no solo es un mecanismo jurídico, sino también un instrumento de política social. Al ofrecer un espacio de diálogo, contribuye a reconstruir la confianza entre actores económicos y sociales y permite que las diferencias se resuelvan sin necesidad de escalar a juicios prolongados. En tiempos de incertidumbre económica, la mediación se vuelve indispensable para evitar que las tensiones empresariales se traduzcan en crisis laborales y comunitarias.
En suma, la mediación es un termómetro social que nos permite leer las tensiones de nuestro tiempo. Reconocer su importancia y ampliar su uso es una tarea urgente para construir una sociedad más justa, menos judicializada y más dispuesta a resolver sus diferencias mediante el diálogo y los acuerdos mutuamente satisfactorios.
En mi próxima entrega te compartiré cuál es el otro gran número de casos que llegan a las mesas de mediación.
En reconocimiento y profundo agradecimiento al Maestro Jesús Elizondo González, destacado mediador empresarial en el Estado de Nuevo León, por su generoso apoyo, la entrega de su tiempo y la claridad de sus enseñanzas. Su compromiso con la construcción de acuerdos y su ejemplo de ética profesional son inspiración para quienes creemos en la mediación como camino de paz y desarrollo social.
