México y Estados Unidos comparten una de las relaciones bilaterales más importantes del mundo. Más de tres mil kilómetros de frontera, cadenas productivas profundamente integradas, millones de empleos vinculados al comercio regional y desafíos comunes en seguridad, migración y combate al crimen organizado convierten esta relación en una materia prioritaria para ambos gobiernos.
Durante años, la diplomacia mexicana emanada de los gobiernos del PRI construyó una relación con Estados Unidos con base en la responsabilidad, la cooperación y una visión de desarrollo compartido. Nunca fuimos una nación subordinada; por el contrario, entendimos que la estabilidad política y económica de México depende de una relación práctica y confiable con nuestro principal socio comercial.
El problema comenzó cuando el gobierno mexicano, encabezado entonces por Andrés Manuel López Obrador, cometió el error de sustituir la política exterior por la confrontación ideológica, la cooperación por la retórica nacionalista y la diplomacia por el golpeteo mediático permanente. La relación bilateral dejó de construirse desde el interés nacional y comenzó a virar hacia una lógica de política partidista.
Mientras Estados Unidos incrementaba su preocupación por el tráfico de fentanilo, las organizaciones criminales y el flujo migratorio descontrolado, el gobierno mexicano optó por minimizar los problemas, descalificar las críticas y mantener cercanía con gobiernos antidemocráticos de la región, como los de Venezuela, Cuba y Nicaragua.
México perdió capacidad para enfrentar al crimen organizado y eso se ha agravado todavía más por la creciente protección hacia personajes señalados por presuntos vínculos con estructuras criminales. Hablamos de la narcopolítica de Morena, que está destruyendo las bases del Estado mexicano.
El caso del narcogobernador Rubén Rocha Moya, señalado junto con otros nueve narcopolíticos por una investigación federal en Estados Unidos, se ha convertido en el emblema de una administración corrupta hasta las entrañas. Más allá de los señalamientos que le rodean en medio de la severa crisis de violencia en Sinaloa, lo verdaderamente grave ha sido la reacción de sus copartidarios, que han cerrado filas en torno a su oscura figura.
La percepción de que los cárteles mantienen niveles de colusión e influencia sobre actores políticos en México se ha instalado en el debate público estadounidense y eso, además de ensuciar la imagen de nuestra nación, comienza a impactar negativamente en la confianza y en los acuerdos de seguridad, comercio e inversión. La propia renegociación del T-MEC camina sobre la cuerda floja ante las dudas y cuestionamientos que despierta el gobierno de Morena.
De igual manera, el gobierno de Morena se equivoca al desdeñar el papel que desempeña la representación diplomática de Estados Unidos en México. El embajador Ronald Johnson es un perfil con experiencia, capacidad y profesionalismo en los temas de seguridad y cooperación internacional, que entiende la magnitud de los desafíos compartidos entre ambas naciones. Descalificar sistemáticamente cualquier esfuerzo de colaboración sólo debilita la capacidad de México para construir alianzas necesarias para la seguridad nacional y hemisférica.
La confianza tarda décadas en construirse. Los gobiernos del PRI lo saben bien, pues a lo largo de la historia fueron artífices de hitos fundamentales para nuestra política exterior, como la Doctrina Estrada, el Tratado de Tlatelolco y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte —hoy T-MEC—. Sin embargo, esa confianza puede destruirse muy rápido.
México necesita recuperar una política exterior de Estado, pues las grandes naciones no rompen puentes con sus principales socios estratégicos. Necesitamos inteligencia, diplomacia, liderazgo y visión estratégica, no discursos, no retórica ni posturas obsoletas. El gobierno de Morena debería entenderlo antes de que el costo económico, político y social se vuelva irreversible y catastrófico para el pueblo que estamos obligados a defender.
