Agosto ha llegado y, con él, la escena que cada año renueva el sentido de la UNAM: miles de jóvenes cruzando por primera vez el umbral de una escuela, cargando una mochila, un mapa del campus y la certeza —merecida— de haber ganado su lugar con esfuerzo propio. Ese momento, sencillo y profundamente humano, es el que estaba en riesgo cuando las denuncias de irregularidades en el examen de admisión 2026-2027 pusieron en duda si todos los que llegarían a ese salón de clases lo habían hecho limpiamente. Hoy, semanas después de que el rector Leonardo Lomelí ordenara la revisión exhaustiva del proceso, vale la pena detenerse no solo en el problema que se enfrentó, sino en el camino de corrección que la Universidad ha decidido recorrer.
Porque eso es, en el fondo, lo que ha ocurrido: la UNAM no se quedó en el diagnóstico. Presentó una denuncia penal contra quienes ofrecían servicios fraudulentos para “ayudar” a aprobar el examen, suspendió la revisión presencial de más de mil casos con resultados inconsistentes y —el paso más importante— integró una comisión técnica de especialistas que ya trabaja en entender qué falló y cómo evitar que vuelva a suceder. No es poca cosa. Es la diferencia entre una institución que administra crisis y una institución que aprende de ellas.
Y aprender, en este caso, tiene un nombre concreto: la modalidad en línea del examen, aplicada por primera vez de manera total, mostró huecos reales —suplantación de identidad, filtración de contenido, ausencia de mecanismos de verificación como los que ya usa la Universidad Autónoma Metropolitana con cámara frontal y segundo dispositivo—. Reconocer esas fallas no debilita a la UNAM frente a la sociedad; la fortalece, porque demuestra que la Máxima Casa de Estudios entiende que la confianza no se protege escondiendo los problemas, sino resolviéndolos con métodos verificables y públicos.
Esto importa, sobre todo, por quienes vienen detrás. Hay algo profundamente injusto en que un joven de 24 años, como la aspirante que contó haber renunciado a su trabajo y alejado a su familia durante meses para prepararse, sienta que su lugar pudo haberle sido arrebatado por alguien que hizo trampa. La corrección del proceso no es un tecnicismo administrativo: es una forma de decirle a esa generación, y a las que vienen, que el mérito todavía cuenta, que el esfuerzo todavía se traduce en oportunidad, y que la institución que los va a formar está dispuesta a defender esa promesa incluso cuando le cuesta reconocer que algo se le escapó de las manos.
Es también, me parece, un mensaje que trasciende a la propia Universidad. En un país donde la desconfianza hacia las instituciones —públicas y privadas— es casi un reflejo generalizado, ver que la casa de estudios más grande de México elige la transparencia como respuesta, en lugar de la defensiva automática, es un gesto que vale la pena reconocer sin regatearlo. No porque el problema no haya existido, sino precisamente porque existió y la Universidad decidió no minimizarlo.
Falta, desde luego, camino por recorrer. La comisión técnica tendrá que traducir su análisis en cambios concretos y verificables: plataformas más seguras, mecanismos de identificación más robustos, protocolos claros para quienes fueron desplazados injustamente. La comunidad universitaria —y el país entero— seguirá con atención si las conclusiones de esa revisión se convierten en acción. Pero el punto de partida, la disposición a corregir antes de recibir a la próxima generación, ya está puesto, y es el correcto.
Porque al final, ninguna institución se mide por los tropiezos que tiene, sino por la manera en que decide levantarse de ellos. La UNAM, al ordenar que se investigue a fondo lo que pasó y al comprometerse públicamente a fortalecer su proceso de ingreso, no solo está corrigiendo un examen: está reafirmando, de la forma más contundente posible, que sigue siendo digna del lugar que ocupa en la vida de miles de jóvenes mexicanos que, cada año, sueñan con cruzar sus puertas.
@jlcamachov
