Las imágenes que involucran al exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, no sólo abren un debate sobre un presunto caso de violencia familiar, también cuestionan al sistema y al Estado; ¿qué sucede cuando la persona señalada por ejercer violencia es, al mismo tiempo, una figura con poder dentro del Estado?
Este caso en específico no pone a prueba la credibilidad de la víctima; pone a prueba la capacidad del Estado para garantizar justicia cuando quien es señalado por ejercer violencia ocupa una posición de poder. Entonces, ¿qué lleva a una mujer a denunciar años después? El poder, que también violenta. No sólo mediante la fuerza física, sino a través de la influencia, la dependencia, el prestigio público y la percepción de que quien controla espacios de decisión también puede influir en las instituciones encargadas de investigarlo. Esa es una forma de intimidación que no distingue entre clases sociales. El miedo a denunciar no nace únicamente de la violencia; también nace del poder que la respalda.
Cuando una víctima afirma que guardó silencio por miedo a perder a sus hijos, por dependencia económica o porque consideraba que la posición política y las influencias de su agresor podían impedirle acceder a la justicia, el problema deja de ser exclusivamente privado. La desventaja es clara.
Y precisamente para eso existe la perspectiva de género: para reconocer que no todas las personas llegan al sistema de justicia en igualdad de condiciones.
Pero sobre todo, basta de revictimizar; al juzgar y criticar a las mujeres que denuncian tiempo después de haber vivido violencia, solo se aumentan las cargas negativas culturales y sociales para quienes han decidido alzar la voz. Este tipo de situaciones están totalmente desconectadas de la realidad que viven miles de víctimas y no favorecen en absoluto sus condiciones.
La violencia doméstica no es exclusiva de golpes y maltratos físicos, generalmente viene acompañada por mecanismos de control que van desde la dependencia económica y el aislamiento emocional hasta las amenazas, la manipulación y el uso del poder como herramienta de intimidación. Cuando ese poder proviene, además de un cargo público, el miedo adquiere otra dimensión. Porque la víctima ya no se enfrenta únicamente a una persona. En su percepción enfrenta una estructura de relaciones e influencias que puede hacerle creer que denunciar será inútil o incluso peligroso.
Y más allá de juzgar si esta percepción es equivocada o no, hay que entender que si es válida.
Y con esto no quiero decir que funcione para sustituir las pruebas que deben ser valoradas por las autoridades, sino que es una clara evidencia del problema de confianza en las instituciones. De ahí nace la necesidad de que este tipo de casos no deberían tratarse únicamente como escándalos mediáticos. Son un espejo real de la problemática de muchos otros.
El Estado está obligado a garantizar que sus instituciones actuarán con la misma diligencia que lo harían frente a cualquier ciudadano, sin privilegios, sin protección política y sin interferencias.
Cada caso de alto perfil envía un mensaje colectivo: puede decirle a otras mujeres que denunciar no vale la pena porque el agresor tiene poder; o puede demostrar que ninguna posición pública coloca a una persona por encima de la ley.
Por eso, lo que hoy está en juego no es solo el futuro jurídico de un exfuncionario, sino el mensaje que el Estado envía a todas las víctimas de violencia. Y el mensaje debe ser que la justicia no se mide por la rapidez con la que víctima denuncia, sino por la certeza de que cuando una víctima decide alzar la voz, el Estado la protegerá con al misma firmeza con la que debe investigar a quien sea señalado, sin importar su cargo, su influencia o su poder. Sólo entonces las víctimas dejarán de preguntarse si vale la pena denunciar y empezarán a confiar en la ley y en la justicia.
