En diciembre del año pasado, un abogado de mi generación —profesionista reconocido y de gran trayectoria, compañero en las clases de derecho civil de nuestro querido Maestro Ernesto Gutiérrez y González en la Facultad de Derecho de la UNAM— me buscó preocupado. Me comentó: “Estoy llevando un divorcio de una familia con patrimonio considerable. Hay hijas adolescentes, cordial relación entre padre y madre, y ambos desean concluir el matrimonio sin pleitos ni un régimen rígido de convivencias. El juez familiar no aprobó las concesiones que ellos mismos habían acordado. Sin embargo, mi propósito no es buscar la vía del amparo ni prolongar el litigio para obtener mayores honorarios; el verdadero objetivo es que se divorcien con acuerdos armónicos, respetando su voluntad y preservando la paz familiar.”
Con visión y ética profesional, propuso encauzar el conflicto a través de un proceso de mediación. Iniciamos las sesiones y, en tan solo dos encuentros, las personas mediadas lograron establecer acuerdos sólidos. Con base en ellos, redacté el convenio que recogía de manera puntual las causas inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, asegurando certeza jurídica y respeto a la voluntad de quienes decidieron concluir su relación en paz.
Los acuerdos fueron claros: cuidado de las hijas, pago de colegiaturas, actividades deportivas y recreativas, vacaciones, seguros, pensión alimenticia, un régimen de convivencias flexible y hasta cuestiones tan personales como cirugías estéticas que para la madre eran importantes. Quizá para un juez esos detalles no cabrían en una sentencia, pero en mediación sí: porque lo que importa es atender el conflicto real y reconocer la voluntad de las partes.
La mediación permitió que cada persona pusiera sobre la mesa lo que le daba paz y armonía. Se escucharon, se respetaron y construyeron acuerdos mutuamente beneficiosos. El resultado: un divorcio en paz, sin desgaste, con reconocimiento de derechos y con certeza jurídica.
Un reconocimiento especial merece el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, institución que ha demostrado eficacia y sensibilidad al aprobar convenios de mediación con gran agilidad, garantizando que la voluntad de las partes se traduzca en certeza jurídica. Su labor confirma que la mediación no es un trámite accesorio, sino un verdadero mecanismo de acceso a la justicia. De igual forma, el juez de lo familiar del propio tribunal, en estricto respeto a la autonomía de las partes, decretó el divorcio con el convenio de mediación previamente elevado a cosa juzgada, honrando así la decisión libre y consciente de quienes eligieron resolver su conflicto en paz.
Este caso nos recuerda algo fundamental: somos una sociedad madura que no requiere que en todos los casos un tercero dicte cómo dividir el patrimonio o cómo cuidar a los hijos e hijas. Las personas que viven los conflictos son quienes, con apoyo de una persona mediadora, pueden resolverlos de la mejor forma. La mediación reconoce esa capacidad ciudadana y la eleva a cosa juzgada mediante convenios ajustados a derecho.
Alguien podría decir: “Mediadora, no todas las familias son millonarias.” Es cierto. Pero la mediación no distingue condiciones económicas ni sociales: es una vía legítima y accesible para cualquier persona, sin importar el tamaño del patrimonio o la complejidad del conflicto. Porque más allá de tecnicismos judiciales, lo que debe prevalecer es la voluntad de las partes, elevada a convenio con valor jurídico de sentencia y reconocida por la ley.
La mediación no solo resuelve conflictos: abona a la paz social, al entendimiento mutuo y evita largos y desgastantes juicios. En un país donde la justicia suele ser lenta y costosa, la mediación es un recordatorio de que la ciudadanía tiene la madurez suficiente para decidir su destino en paz.
