Hay debates que comienzan hablando de derechos y terminan hablando de poder. El que hoy se abre en México alrededor de los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias pertenece a esa categoría.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) abrió el 27 de julio una consulta pública sobre el proyecto, que permanecerá abierta hasta el 21 de agosto. La propuesta busca establecer mecanismos para que radioescuchas y televidentes puedan reclamar cuando consideren vulnerados sus derechos, y plantea obligaciones para concesionarios comerciales, públicos y sociales, entre ellas contar con un Código de Ética y una Defensoría de Audiencias.
Hasta ahí, difícilmente alguien podría estar en contra. Una audiencia que solamente escucha, mira y calla pertenece a otra época. Hoy tiene derecho a cuestionar, exigir pluralidad, reclamar errores y demandar información responsable.
El problema comienza cuando confundimos proteger a las audiencias con protegerlas de aquello que no nos gusta escuchar.
La Constitución es contundente: toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio. La libertad de expresión no fue diseñada para proteger únicamente las opiniones correctas, populares o políticamente convenientes.
Y por ello podríamos preguntar: ¿quién vigila al vigilante?
El proyecto de la CRT introduce un cambio particularmente relevante: de acuerdo con la autoridad, será la primera vez que el ente regulador podrá intervenir cuando una persona no esté conforme con la determinación del defensor de audiencias o cuando el medio no atienda su recomendación.
Ese mecanismo puede convertirse en una herramienta formidable para fortalecer los derechos de quienes escuchan radio o ven televisión. Pero también exige una arquitectura institucional extraordinariamente cuidadosa. Porque una cosa es corregir una falsedad comprobable y otra muy distinta convertir el desacuerdo de una audiencia en una especie de tribunal sobre la línea editorial.
La diferencia es enorme.
México no enfrenta precisamente un exceso de libertad periodística. Reporteros Sin Fronteras coloca al país en el lugar 122 de 180 países en su clasificación mundial de libertad de prensa de 2026. El indicador de seguridad es todavía más preocupante: México ocupa el puesto 160.
ARTICLE 19, por su parte, documenta 181 asesinatos de periodistas en México desde 2000, posiblemente relacionados con su labor. El más reciente registrado por la organización es el de Francisco Alejandro Leyva Aguilar, asesinado el 22 de julio de 2026. Catorce de esos casos corresponden al actual gobierno.
Por eso resulta paradójico discutir con tanta intensidad cómo deben comportarse los medios frente a sus audiencias mientras persiste una amenaza mucho más brutal: que algunos periodistas no puedan ejercer su oficio porque hacerlo puede costarles la vida.
La libertad de expresión tiene, además, otro enemigo menos visible: la autocensura.
Un periodista puede publicar una nota y seguir siendo libre jurídicamente, pero dejar de investigar determinado tema porque sabe que habrá consecuencias económicas, políticas, judiciales o incluso personales. Esa es una forma sofisticada de censura: nadie ordena callar; simplemente se aprende que ciertas preguntas tienen un precio.
La propia clasificación de RSF advierte que México mantiene una fuerte concentración mediática y que la confianza ciudadana en los medios ronda apenas 36 por ciento, según datos citados del Instituto Reuters.
Ahí está el verdadero desafío.
Los lineamientos deben servir para que la audiencia tenga más herramientas frente a los medios, no para que los medios tengan menos libertad frente al poder.
Regular los mecanismos de defensa puede ser democrático. Regular el pensamiento, no.
Un buen defensor de audiencias no debería convertirse en censor. Un Código de Ética no debería convertirse en manual de obediencia. Y una autoridad reguladora no debería transformarse en árbitro de la verdad.
La mejor regulación será aquella que consiga algo mucho más difícil que imponer reglas: hacer que los medios sean más responsables sin volverlos más temerosos.
Porque una democracia no se debilita cuando sus medios se equivocan y corrigen. Se debilita cuando dejan de preguntar.Y quizá esa sea la discusión que realmente deberíamos estar teniendo.
