En la arenga por el Grito de Independencia de este 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum incluyó una mención inédita: “vivan los pueblos afromexicanos”. Visibilizar es la primera vía hacia el respeto, la valoración y la justicia. Con ello se replantea la forma en que decisiones históricas, estadísticas y procesos de memoria pública han invisibilizado a las comunidades afrodescendientes, un fenómeno de larga data en América Latina.
La esclavización, el colonialismo y la subordinación racial dejaron profundas injusticias. Ello detonó actos pioneros de abolición en las nacientes repúblicas latinoamericanas. Pero pronto sus élites se dejaron guiar por proyectos nacionales asociados con el blanqueamiento, la europeización o, en el caso de México, el mestizaje. En nombre de la unidad se privilegió la aspiración a sociedades homogéneas. El resultado fue un ocultamiento.
La modernidad exige mediciones certeras. Sabemos que al menos 150 millones de personas, cerca de una cuarta parte de la población latinoamericana, tienen origen africano. Si durante los siglos XIX y XX se intentó eliminar las categorías raciales, el XXI ha comenzado a medir con mayor detalle su composición social y las desigualdades asociadas. La paradoja es evidente: mientras el siglo XX rechazaba el racismo en el discurso y borraba datos que permitían demostrarlo, el XXI reconoce la existencia afrodescendiente, pero aún adolece de políticas públicas suficientes para combatir la discriminación.
La Unión Africana reconoce una sexta región de población afrodescendiente fuera de África y ha declarado 2025-2035 como un decenio dedicado a promover reparaciones y justicia. Esto implica un diálogo intenso con América Latina. Brasil ofrece uno de los ejemplos más desarrollados: mantiene 38 embajadas en África y, desde comienzos de la década de 2000, ha creado cuotas, becas y otros mecanismos para personas negras o afrodescendientes en instituciones públicas.
En Colombia, la Constitución de 1991 y la Ley 70 de 1993 abrieron el camino a los títulos colectivos de comunidades negras del Pacífico, un paso central en el reconocimiento étnico-territorial y la protección de derechos culturales. Sin embargo, persiste una tensión: se habla de población negra como “comunidad étnica y territorial”, más que como un grupo afectado por el racismo.
Los ejemplos continúan en Uruguay, Ecuador, Bolivia y Costa Rica, con políticas de equidad racial, cuotas y reconocimiento de derechos colectivos. Perú tiene un Plan Nacional de Desarrollo para la Población Afroperuana. Pero las políticas siguen siendo incompletas. Chile reconoció a los pueblos tribales afrodescendientes apenas en 2019 y comenzó a incorporar la negritud en sus censos hasta 2024. Paraguay, en claro retroceso, incluyó a la población afro en un censo anterior, pero la eliminó en 2022.
Argentina presenta otro contraste: durante décadas invisibilizó su dimensión racial, folklorizó la diversidad y promovió políticas de blanqueamiento mediante la inmigración. Incluso se difundió la idea de que el país “no tuvo esclavismo”, pese a su abolición gradual y a la creación, en 2022, de un Programa Nacional para Afrodescendientes.
¿Qué pasó en México, donde la ideología del mestizaje prometía la desaparición de las diferencias raciales? La abolición de las castas tras la Independencia eliminó categorías como “mulato” y “negro” de los registros, pero no produjo igualdad. La población afrodescendiente quedó fuera de buena parte de la historia oficial, incluido su volumen, su participación en la Independencia y sus aportes a la construcción del país.
Durante el siglo XX comenzó una recuperación académica, con trabajos pioneros como los de Gonzalo Aguirre Beltrán. Desde la década de 1990 se fortaleció la organización de comunidades y asociaciones afromexicanas. Oaxaca, Guerrero, Coahuila y la Ciudad de México incorporaron reconocimientos jurídicos. En 2015, el INEGI incluyó por primera vez una pregunta de autoadscripción afrodescendiente en la Encuesta Intercensal. El Censo 2020 volvió a registrar a esta población, que representó 2% del total nacional.
El avance decisivo llegó el 9 de agosto de 2019, cuando la reforma del artículo 2 constitucional reconoció a los pueblos y comunidades afromexicanas como parte de nuestra composición y les otorgó derechos de libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social.
Es parte de un esfuerzo de corrección que no se logra en un grito, aunque un grito puede contribuir. Evidenciar un largo proceso de exclusión histórica es un paso necesario. El siguiente consiste en convertir el reconocimiento legal en políticas públicas, representación y un combate efectivo contra el racismo.
