En la semana observé la viralización de un suceso de la conversación pública que no deja de hacerme ruido. Una profesora universitaria, analista política y creadora de contenido asistió a un podcast, donde expresó su opinión con relación a que el derecho al voto debería estar condicionado a conocimientos mínimos sobre el Estado Mexicano; específicamente, propuso cursos y una evaluación llevada a cabo por el Instituto Nacional Electoral. A su manera de ver las cosas, los cursos estarían encaminados a mostrar qué hace el Ejecutivo Federal, qué hace un Diputado, qué hace un Senador, etcétera, como una forma de entender por quién se está votando y por qué se va a votar.
Rápidamente, las redes sociales sostuvieron que la mujer propuso que “los pobres no deberían votar”, y que el contar con un título o con educación privada sea el rasero para conceder el voto. Políticos la acusaron de retomar ideas contrarias al “pueblo analfabeta” y de negar el voto a quienes reciben programas sociales. Algunos incluso refirieron que pretende reservarse el voto a quienes hayan ido a Harvard y que, en última instancia (¡!), se busca un “monarca que nos pueda gobernar”. Habiendo torcido lo que en realidad propuso, políticos, redes y medios acusaron a la profesora de clasista, racista, porfirista y de ultraderechista. E, incluso en casos donde parecería que la crítica vino a lo que efectivamente dijo, se preguntó, a propósito de la universidad en la que enseña: “¿pagarías esa cantidad para que te diera clases una profesora que ha defendido públicamente la idea de restringir el derecho al voto, una postura que choca con el principio constitucional del sufragio universal que rige la democracia mexicana?”.
Y es aquí donde quisiera detenerme. No en los méritos de la propuesta, o en la falta de ellos. No en el principio de universalidad del voto ni en las teorías democráticas detrás de ello. Quisiera detenerme en la indignación expresada: una que le reprocha no solo el haber osado expresar públicamente una idea y defenderla, sino el participar en una conversación que, desde la perspectiva de los indignados, no debe sostenerse. Una indignación que sugiere que hay ideas que no pueden debatirse, que son tabús inconfesables so pena del linchamiento y la cancelación. Que solo puede hablarse en la medida en la que se diga lo que está acorde con la mayoría (si es que los indignados representan a esa mayoría) y que, de lo que no se puede hablar… lo mejor es callarse. Una indignación que, en realidad, no denuncia una conducta, sino que se erige en policía del pensamiento.
Este fenómeno de cancelación es particularmente delicado, pues niega la posibilidad de diálogo. Rechaza el que las personas no sean identificadas con las ideas que proponen en el marco del debate y, al hacerlo, incurren en un severo vicio lógico del pensamiento. Desconoce que las ideas se expresan precisamente para ser analizadas y criticadas (con vigor y dureza) y saber si se sostienen, para ser contrastadas con ideas contrarias y comparar virtudes y defectos, de tal forma que quienes participan opten por una u otra, o bien, por abandonar ambas y crear una nueva. Así pues, la cancelación niega un mecanismo útil para alcanzar el mejor interés del conjunto social al que se pertenece.
En una entrevista que Cathy Newman le hizo a Jordan Peterson para Channel 4 News, ella pregunta, palabras más palabras menos: ¿Por qué habría de prevalecer tu libertad de expresión sobre el derecho de una persona a no sentirse ofendida? La respuesta que dio cimbró la entrevista: “Porque para estar en aptitud de pensar, es preciso asumir el riesgo de ofender… Mira la conversación que tenemos en este momento. Tú estás dispuesta a ofenderme, en búsqueda de la verdad [...]”.
