Durante años, el problema estructural del sistema financiero mexicano fue la exclusión. Millones de personas operaban exclusivamente en efectivo, sin cuenta bancaria, sin historial crediticio y sin acceso a crédito formal. No era solo un asunto de comodidad; era una barrera real para el desarrollo económico. Sin instrumentos financieros formales, el ahorro era vulnerable, el financiamiento dependía de mecanismos informales costosos y la posibilidad de escalar proyectos personales o empresariales quedaba severamente limitada.
En la última década, ese panorama comenzó a transformarse. La digitalización, la expansión de los teléfonos inteligentes y la aparición de nuevos jugadores financieros redujeron las barreras históricas. Hoy es posible abrir una cuenta desde el celular en minutos, recibir transferencias electrónicas sin acudir a una sucursal y acceder a líneas de crédito con procesos simplificados. Plataformas como Nu, Klar, Ualá o la reciente llegada de Revolut han impulsado esta transformación. Para muchos mexicanos, estas aplicaciones representaron su primer vínculo con el sistema financiero formal.
Eso es inclusión financiera en sentido amplio: más personas dentro del sistema, con acceso a pagos electrónicos, ahorro e incluso inversión. Las cifras muestran avances importantes. Cerca de tres cuartas partes de los adultos en México ya cuentan con al menos un producto financiero formal. El progreso es real.
Sin embargo, la inclusión tiene una frontera delicada. El problema no surge cuando se amplía el acceso, sino cuando el crecimiento del modelo depende principalmente de la colocación acelerada de crédito. Si la métrica dominante es el número de tarjetas activadas o préstamos otorgados —y no la calidad de la cartera ni la capacidad real de pago del usuario—, el fenómeno deja de ser inclusión y comienza a convertirse en creditización: expansión del endeudamiento sin un fortalecimiento proporcional de la salud financiera.
La diferencia es profunda. Inclusión amplía oportunidades. Creditización amplía pasivos.
El crédito es una herramienta poderosa cuando está bien diseñado y correctamente entendido. Permite financiar consumo, educación, inventarios o enfrentar emergencias. Pero cuando el acceso es extremadamente sencillo y la evaluación de riesgo privilegia velocidad sobre profundidad, se corre el riesgo de construir carteras vulnerables, especialmente en segmentos que no cuentan con colchones financieros sólidos.
Aquí intervienen factores determinantes. El primero es la calidad del análisis de riesgo. La tecnología permite incorporar datos alternativos y modelos predictivos sofisticados, pero ningún algoritmo sustituye la disciplina crediticia. Un crecimiento acelerado basado en supuestos optimistas puede deteriorarse rápidamente ante un cambio macroeconómico, un aumento en tasas de interés o una caída en el ingreso de los hogares.
El segundo factor es la gestión del impago. Una institución sólida incorpora mecanismos preventivos, comunicación clara y opciones responsables de reestructura antes de que el problema escale. Cuando la cobranza es reactiva y agresiva, el deterioro no solo es financiero, sino también reputacional.
El tercer elemento es la educación financiera. Muchos usuarios celebran la aprobación inmediata, pero no siempre comprenden conceptos como el Costo Anual Total, el efecto de los intereses compuestos o las implicaciones de pagar únicamente el mínimo. Sin comprensión, el crédito puede convertirse en una carga persistente que erosiona estabilidad y patrimonio.
El punto crítico aparece cuando el deterioro de cartera deja de ser marginal y comienza a adquirir dimensión sistémica. En ese escenario, la respuesta regulatoria sería inevitable. Las autoridades financieras tienen el mandato de preservar la estabilidad del sistema. Si observan incrementos sostenidos en morosidad o debilidad en provisiones y capital, el endurecimiento regulatorio no sería opcional, sino prudencial.
Eso podría traducirse en mayores requerimientos de capital, reglas más estrictas de originación o límites a ciertas prácticas comerciales. Para las fintech implicaría mayores costos y menor velocidad de expansión. Para los usuarios, acceso más restringido al crédito y condiciones más exigentes. Paradójicamente, una expansión desordenada podría terminar reduciendo la inclusión que originalmente se buscaba ampliar.
El desafío no es frenar la innovación, sino equilibrarla con prudencia. La tecnología puede hacer al sistema más eficiente y accesible, pero la sostenibilidad depende de la disciplina del modelo de riesgo y de la capacidad del usuario para entender lo que firma.
La discusión sobre el futuro de la banca en México no se define por la interfaz de una aplicación ni por la velocidad de aprobación. Se define por la calidad de la cartera, la solidez del capital y la educación del usuario. Entre inclusión y creditización hay una línea delgada. Y de cómo se gestione dependerá no solo el crecimiento del sector, sino la estabilidad financiera del país.
