En un país donde millones de personas dependen de tarjetas bancarias, cuentas digitales y servicios financieros para su vida diaria, la relación con las instituciones financieras debería ser clara, sencilla y justa. Sin embargo, durante años han persistido abusos disfrazados de trámites interminables, comisiones ocultas y cancelaciones que más parecen un laberinto diseñado para desgastar al usuario que un servicio básico.
Por ello destaca la iniciativa presentada por el diputado Ricardo Monreal Ávila, quien impulsa una reforma a la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros con un objetivo elemental pero profundamente necesario: devolverle al consumidor el control sobre sus propias finanzas.
La propuesta plantea que cancelar una tarjeta bancaria o comercial sea un proceso rápido, gratuito y sin trucos, algo que hoy suena obvio pero que en la práctica ha sido negado por años. Las instituciones financieras deberán permitir la cancelación en un plazo máximo de 3 a 5 días hábiles, y ofrecerla por todas las vías: presencial, telefónica o digital, con un botón de cancelación disponible 24/7. Nada de excusas, horarios limitados o transferencias interminables entre áreas. Además, deberán entregar una constancia física o digital para certificar el trámite, evitando con ello futuras sorpresas.
La iniciativa también ataja prácticas abusivas muy frecuentes: declara nula la emisión de tarjetas sin consentimiento, una estrategia que algunos bancos han utilizado para inflar su cartera de clientes; prohíbe las comisiones disfrazadas y cierra la puerta a los reportes indebidos al Buró de Crédito, que pueden arruinar la vida financiera de una persona por un error ajeno. Finalmente, obliga a reembolsar de inmediato los cargos no autorizados, reconociendo que la responsabilidad no puede recaer en el usuario cuando se trata de fallas del propio sistema.
La trascendencia política tampoco es menor. La iniciativa recibió respaldo de Movimiento Ciudadano, PT y PVEM, y el Pleno la consideró de urgente resolución, enviando un mensaje claro: las reglas deben favorecer al ciudadano, no a la banca.
En tiempos de tensión económica y creciente desconfianza hacia instituciones públicas y privadas, esta propuesta representa un paso hacia una relación más equilibrada entre bancos y usuarios. Más que una reforma técnica, es un esfuerzo por dignificar al consumidor y reconocer que la modernización financiera solo tiene sentido cuando respeta derechos y elimina abusos.
En un país donde la justicia cotidiana también se expresa en los trámites más simples, la iniciativa de Monreal no solo corrige excesos: restablece la idea de que los servicios financieros deben servir a la gente, y no al revés.
@jlcamachov
