Hay funcionarios que entienden el cargo como encargo. Y hay quienes lo confunden con patrimonio personal. Marx Arriaga eligió la segunda opción.
La Secretaría de Educación Pública le confió una tarea de alto calibre; coordinar los nuevos libros de texto gratuitos, pieza central de la política educativa del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y no pudo hacerlo con eficacia. No era una misión ideológica, era una responsabilidad técnica y administrativa con impacto nacional.
El resultado fue un proceso accidentado, con errores documentados públicamente, litigios promovidos por gobiernos estatales y correcciones anunciadas sobre la marcha. Una implementación precipitada, sin consensos amplios y con fallas visibles. Un sello que se repitió durante ese sexenio, proyectos ambiciosos en discurso, pero deficientes en ejecución y sin construcción técnica sólida que garantizara resultados duraderos para el país. Y en este caso no se trata de una obra más: se trata de materiales que impactaron e impactarán directamente en la formación educativa de millones de niñas y niños.
Cuando llegó el relevo, la salida no fue institucional. Fue escenificada. Arriaga argumentó que no había recibido notificación formal de despido y decidió permanecer en su oficina. Desde ahí transmitió en vivo, convocó a una “Protesta con propuesta” y convirtió una decisión administrativa en una narrativa de resistencia. El mensaje fue claro: no se iba a ir sin dar pelea.
La SEP confirmó el relevo y formalizó el cambio en la estructura del área conforme a sus atribuciones legales. Un movimiento administrativo que, más allá de las tensiones políticas internas, evidencia que el proyecto ya no tenía respaldo pleno dentro de la propia dependencia. No fue una conspiración, fue una decisión de poder.
Arriaga elevó el tono, habló de corrupción dentro de la Secretaría y advirtió sobre supuestos intentos de modificar el rumbo educativo. Pero lanzar acusaciones desde el escritorio que se niega a entregar no equivale a demostrar nada. En el servicio público las palabras pesan, y cuando se pronuncian sin acompañarse de procedimientos formales, se convierten más en presión política que en combate real a irregularidades.
El conflicto también evidenció tensiones con el actual titular de la SEP, Mario Delgado, quien ha rechazado que exista cualquier intento de privatización educativa y ha defendido la continuidad del carácter público del sistema. La confrontación pública deja en entredicho la narrativa de cohesión que impulsa Morena.
Más allá de la ideología, el punto es otro, cuando a un funcionario se le confía una responsabilidad nacional y el resultado genera crisis institucional, la respuesta esperable es rendición de cuentas, no atrincheramiento. El servicio público exige eficacia y disciplina administrativa. No épica personal.
Arriaga convirtió su salida en espectáculo. Pero en el Estado mexicano los cargos no son propiedad privada ni espacios de resistencia individual. Son encargos temporales. Y cuando no se cumplen con solvencia técnica y política, se relevan. Así de simple.
