La inversión es indispensable para el crecimiento económico y destinar recursos a la que realiza el Estado es igualmente importante. Sin embargo, en un contexto donde el gasto en obra pública ha mostrado una tendencia a la baja —con variaciones promedio de -5.4 % durante cerca de año y medio—, resulta necesario impulsar mecanismos que permitan revertir esta dinámica.
En este sentido, el Ejecutivo Federal propuso una forma distinta de organizar y ejecutar la inversión en infraestructura a través de esquemas de inversión mixta, los cuales incluyen a los sectores público, privado y social para la participación de dichos proyectos.
Bajo esta lógica, y con el objetivo de atender las necesidades de infraestructura, el Gobierno Federal presentó en febrero pasado, el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026- 2030, en el que precisa una inversión, a lo largo del sexenio, de 5.6 billones de pesos adicionales. Para 2026 se estima una la inversión adicional por 722 mil mdp (1.9 % del PIB) al 1 billón 253 mdp (3.3 % del PIB) aprobados en el PEF 2026.
Para materializar estas metas de inversión, el Ejecutivo propuso la expedición de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, con el fin de facilitar la concreción de los proyectos contemplados en el Plan y promover los proyectos mixtos. Esta ley fue aprobada por el Congreso y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 9 de abril.
La Ley persigue cuatro objetivos principales: Expedir un marco legal para regular las inversiones mixtas en infraestructura; crear nuevos vehículos de inversión; regular los Contratos de Inversión Estratégica; y establecer un Consejo de Planeación Estratégica para la Inversión en Infraestructura.
La reforma también modificó la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) cambiando el concepto de Gasto Corriente Estructural (GCE). Ahora se agregan a la definición gastos adicionales que se excluyen del gasto neto total. Entre ellos: los programas sociales universales y los servicios personales de las funciones de gasto en Educación, Salud y Seguridad Pública.
El impulso a la inversión y alcanzar los objetivos de la nueva Ley dependerá, en buena medida, de la correcta elaboración de los estudios de factibilidad de cada proyecto, de su correcta implementación ante la participación de múltiples actores y nuevos vehículos de inversión. Ante la mayor complejidad en el seguimiento de los recursos públicos se requiere también una mejor gobernanza, transparencia y rendición de cuentas. El CIEP elaboró un estudio al respecto que se puede consultar en www.ciep.mx
