“Todas las dictaduras, de derechas y de izquierdas, practican la censura y usan el chantaje, la intimidación o el soborno para controlar el flujo de la información. Se puede medir la salud democrática de un país evaluando la diversidad de opiniones, la libertad de expresión y el espíritu de sus diversos medios de comunicación.”
-Mario Vargas Llosa-
El debate por el control, o como llaman algunos, regulación de la Inteligencia Artificial y la delgada línea que deja en duda si se trata de un tema de seguridad o censura, es uno de los temas más complejos en la era digital actual, marcando la frontera entre la protección y la libertad de expresión.
El anuncio de la nueva Ley General para Regular y Fomentar el Uso de la Inteligencia Artificial en el Senado de la República, ha encendido las alarmas sobre las posibles afectaciones y repercusiones que pueda traer a la libertad de expresión en nuestro país. La iniciativa plantea la creación de un registro nacional de sistemas de inteligencia artificial, de carácter público, que concentrará información sobre sistemas de alto riesgo y aquellos utilizados por el gobierno federal. Con funciones de vigilancia y control cuando impliquen riesgos para derechos humanos, seguridad o estabilidad democrática.
Pero uno de los puntos más sensibles a tener muy en cuenta es el artículo 141, que faculta a la autoridad en la materia para ordenar la suspensión de sistemas de IA cuando representen un “riesgo grave o inminente”. Lo que advierte que su aplicación podría abrir la puerta a decisiones discrecionales que a modo de los intereses del gobierno, afecten la circulación de la información. Ya sea para censurar o castigar tanto a ciudadanos, como opositores políticos, creadores de contenido o medios de comunicación que utilicen estas herramientas. O incluso se podría correr el riesgo de ser sancionado penalmente por el simple hecho de crear o compartir un meme creado con IA.
El artículo 169 que propone que las conductas realizadas mediante el uso de sistemas de inteligencia artificial que manipulen procesos democráticos o pongan en riesgo la seguridad nacional, serán sancionadas conforme al código penal y demás disposiciones
aplicables. Criterios que no son claros y no distinguen entre desinformación o los llamados deepfakes y la crítica política, por ejemplo. Ya que definen “desinformación” con probable contenido falso con el propósito de afectar la opinión pública o procesos electorales: ¿Quién define el propósito? ¿Qué va a pasar con los memes, la sátira, la crítica molesta?
Y si a eso le sumamos que el filtro que ponen para iniciar un procedimiento sancionador es prácticamente nulo, ya que sugiere que cualquiera que haga presumir la existencia de infracciones podría denunciar, pues es altamente probable que se use y convierta en una vía de autoridad para intimidar y limitar publicaciones a su gusto.
Han sido varios los países los que desde 2023 a la fecha, han prohibido formalmente el acceso a herramientas como ChatGTP o Grok (la IA creada por Elon Musk). Países como China, Irán, Rusia, Corea del Norte o Cuba han creado restricciones impuestas directamente desde su gobierno, argumentando que representan un riesgo para el control de la información y para la estabilidad política. Es decir, un completo y anunciado bloqueo a través de estrictas leyes autoritarias de censura en internet, que en muchos de esos casos forma parte también de una serie de aislamientos tecnológicos de carácter gubernamental.
Siendo la censura política y la necesidad que los gobiernos tienen de controlar a sus ciudadanos, el eje principal de este tipo de controles disfrazados de regulación, la causa más preocupante en la actualidad. Y teniendo en cuenta que en nuestro país ya hemos tenido varios casos en las que ciudadanos y periodistas han enfrentado sanciones penales y administrativas por comentarios incómodos para actores políticos en redes sociales, la línea que atraviesa a la censura y nos regresa varias décadas en lucha por la libre manifestación de ideas y la libertad de expresión, es cada vez más preocupante y delgada.
BACKSTAGE. El ataque armado que se dio contra turistas y visitantes en la pirámide de la Luna en la zona arqueológica de Teotihuacán, en donde resultaron heridas al menos 13 personas de diferentes nacionalidades, pone el ojo en el Proyecto de Egresos de la Federación 2026 en el que gracias a las políticas de austeridad, se redujo de manera considerable el presupuesto para el sector cultura, impactando de manera directa al INAH. Este recorte presupuestal ha venido impactando de forma considerable las operaciones de las zonas arqueológicas y museos, la investigación, conservación y limpieza, pero sobre todo, reduciendo en casi 40% la seguridad de estas zonas como el caso de Teotihuacán, que recibe a más de 1.7 millones de persona al año.
