La salida de Adán Augusto López Hernández de la coordinación de la bancada de Morena en el Senado, no puede leerse como un simple ajuste interno. El senador dejó el liderazgo parlamentario para enfocarse en tareas políticas rumbo a los próximos procesos electorales, pero sigue ocupando su escaño. Es un reacomodo de poder, no un acto de rendición de cuentas.
Adán Augusto, exsecretario de Gobernación y exgobernador de Tabasco, está en el centro de una discusión pública donde se cruzan poder político, dinero y responsabilidades de gobierno, sin que hasta ahora exista una determinación institucional que cierre los cuestionamientos.
Uno de los ejes es su situación patrimonial. El propio senador reconoció haber recibido 79 millones de pesos en un periodo reciente por actividades privadas, entre ellas servicios profesionales. El punto de fricción no es la existencia de ingresos, sino que esas cifras no aparecían de forma clara en su declaración patrimonial pública, lo que detonó cuestionamientos sobre la congruencia entre lo reportado en documentos de transparencia y lo registrado ante la autoridad fiscal. López ha sostenido que todos sus ingresos fueron declarados al SAT y que no ha ocultado recursos. Hasta ahora, no existe una resolución pública de autoridad fiscal o administrativa que determine si hubo o no irregularidad.
Este tema derivó en una denuncia ante la Contraloría del Senado, presentada por la exdiputada María Elena Pérez-Jaén, para revisar posibles inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses. La denuncia existe; lo que no existe es un resultado público concluyente de esa revisión. La zona gris permanece intacta.
El segundo eje es el caso de Hernán Bermúdez Requena, quien fue secretario de Seguridad de Tabasco durante la gubernatura de López Hernández. Bermúdez fue detenido y enfrenta cargos por delitos graves, señalado como presunto líder de la organización criminal conocida como La Barredora. Es un hecho que ocupó el cargo de seguridad en esa administración y que hoy está procesado. También es un hecho que Adán Augusto ha negado haber tenido conocimiento de actividades ilícitas de su exfuncionario y que, según lo informado por autoridades, no ha sido citado ni investigado formalmente en ese caso.
Y aquí está el punto de fondo: hay cifras reconocidas, hay un exjefe policial procesado y hay denuncias formales en curso, pero no hay resoluciones institucionales que cierren ninguna de esas historias. No hay sanción, pero tampoco exoneración. No hay proceso judicial abierto contra el senador, pero tampoco auditorías concluidas que despejen las dudas. Esa ambigüedad es el verdadero escándalo.
Que un político de este nivel cambie de posición sin que esos temas estén institucionalmente resueltos manda un mensaje delicado: que la responsabilidad pública puede quedar suspendida en un limbo mientras el poder se reacomoda. Cuando eso ocurre, la impunidad no se declara: se normaliza. Y cuando se normaliza, deja de escandalizar. Ahí es donde una democracia empieza a perder el pulso.
