En ocasión de la discusión sobre el Proyecto de Presupuesto de Egresos que se dio en la Cámara de Diputados, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) creó una Comisión de Financiamiento encargada de elaborar un documento para ser entregado a la Comisión de Presupuesto de la Cámara.
La comisión se formó con 11 instituciones que representan a las universidades federales, las estatales autónomas y los institutos tecnológicos, más la propia Secretaría General de la ANUIES. El documento fue entregado a la presidenta de la Comisión de Presupuesto y quisiera comentar lo más destacado del mismo, porque refleja, con datos concretos, la situación real de la educación superior.
El objetivo fue presentar un diagnóstico de lo que ha pasado y alternativas para mejorar la situación, mencionando dos puntos centrales que han sido una demanda de años de las Instituciones de Educación Superior (IES). El primero se refiere a la creación del Fondo Federal para la Obligatoriedad y Gratuidad de la Educación Superior, que fue un compromiso que ofreció el gobierno anterior; lo puso en la Constitución Política y en las leyes General de Educación y General de Educación Superior.
Han pasado siete años y el gobierno no ha cumplido, y es un tema muy importante para las IES estatales, a las cuales se les suma el otro tema fundamental: los rezagos del financiamiento estatal, en donde la mayoría de los gobiernos de los estados de la República no cumplen con la entrega de recursos comprometidos. Para dar una idea de lo que significa la gratuidad y la obligatoriedad, se requerirían 24,700 millones de pesos. De ese tamaño es el tema, que como mencionamos, fue una oferta del gobierno.
Por lo que respecta al financiamiento público, según la OCDE, México presenta un gasto promedio cinco veces menor que el de Estados Unidos y tres veces menor que el de Canadá.
A lo largo de los años, el financiamiento público a la educación superior se ha caracterizado por incrementos inerciales e insuficientes con respecto a la inflación y a los rezagos que se acumulan año con año. La Ley General de Educación y la Ley General de Educación Superior indican que se debe invertir 8% y 1% del PIB, respectivamente. La realidad es que, para este año, en ambos casos, no se llega ni a la mitad.
El Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030 (PND) y el Plan México hablan de una contribución decisiva de la educación superior, del posgrado y del desarrollo de la ciencia, la tecnología, la investigación y la innovación, para lo cual se necesitan recursos importantes a fin de cumplir con el compromiso. Se indica en el PND que se aspira a llegar al final del sexenio con una tasa bruta de escolarización en el ciclo superior del 55%, lo cual representa un incremento de 11 puntos con respecto al inicio de este sexenio; en número de estudiantes estamos hablando de más de un millón, de los cuales al menos 65% lo hará en instituciones públicas.
Lo anterior, según el documento de la ANUIES, implica -sin considerar los rezagos financieros y sin nueva inversión en infraestructura- cerca de 30 mil millones de pesos a lo largo de estos seis años, y la realidad que estamos viviendo es otra. Para este año, el incremento otorgado apenas cubrió la inflación, y para el próximo ni siquiera se considera la inflación esperada, ya que en promedio se otorgó 3% de incremento a la educación superior en términos nominales.
Las IES han hecho grandes esfuerzos en materia de austeridad y de modificación de contratos colectivos para reducir el costo de las pensiones con hechos concretos, y ya van varios años en que los presupuestos enviados por el gobierno y aprobados por la Cámara no los reconocen; así se lo expresaron a las diputadas y a los diputados. No obstante, prevaleció lo que ha ocurrido durante siete años: la pura inercia.
