Hay razones para preguntarse sobre la pertinencia y el resultado de la elección judicial: Por un lado, somos el único país del mundo con un poder judicial electo mediante el voto popular (¿por qué?), únicamente una fuerza política quería que se llevara a cabo (¿por qué?), únicamente el 13% salió a votar (por qué) y, para la Suprema Corte, únicamente resultaron ganadores candidatos vinculados al partido que quería esta reforma (¿por qué?). La pregunta se contesta sola.
Lo que vivimos el domingo pasado fue un corte de caja que le permitió a una fuerza política reemplazar a todos los encargados de hacer respetar la legalidad y la constitucionalidad, principios clave en todo Estado de Derecho. De nuevo la pregunta ¿Por qué querían hacer eso?
Si hubieran querido, como pregonaban, que la ciudadanía eligiera a las y los jueces del país para dotarlos de la legitimidad democrática que debe ser un requisito para que alguien pueda servir a México, el propio partido que de forma unilateral y mediante una mayoría muy cuestionable modificó la constitución tendría que aceptar que la cantidad de personas que votaron no son suficientes para ello.
Por su parte, si lo que querían era quitar a los jueces corruptos para reemplazarlos por servidores públicos que fueran mejores, probablemente el proceso que escogieron, independientemente de si pasaba por las urnas o no, dejó mucho que desear.
Según un estudio de la periodista Viridiana Ríos, el 65% de los candidatos tenían experiencia judicial y contaban con un buen perfil, lo que significa que el 35% no, entonces si 3 de cada diez candidatos seleccionados y aprobados por el Senado controlado por Morena, eran una mala opción ¿Por qué llegaron a la boleta?
A pesar de que ninguna de las dos cosas se cumplieron, desde palacio nacional salieron calificaron la elección como un éxito rotundo. Éxito, por cierto, que costó 7 mil millones de pesos, en un país donde el gobierno dice que no hay presupuesto para obras de infraestructura de drenaje que evite que las ciudades se inunden.
Juzgando los resultados, los únicos que podrían considerar este ejercicio como exitoso, son los que los impulsaron, los que seleccionaron a los candidatos y los que resultaron ungidos con un cargo.
En el corto plazo, queda claro quién tuvo éxito. Sin embargo, vale la pena preguntarse ¿Qué significa esto para la legitimidad del régimen en el poder? Más allá de la baja participación que difícilmente puede servir de argumento para defender la postura de que el pueblo quiere este cambio, podría pensarse que a partir de este momento ya no hay ningún órgano del Estado Federal que no esté legitimado conforme a los parámetros que morena consideró adecuados.
Ya tenemos un poder judicial popular, un Congreso con una representación popular adecuada, una presidencia de la República con un 73% de aprobación, entonces ahora les corresponde dar los resultados que se esperan de ellos.
Ahora que todo está transformado, las cosas ya no pueden ser culpa de los gobiernos anteriores. La virtud que tiene la democracia constitucional frente a los regímenes que dependen de que las personas en el poder pertenezcan a un movimiento o partido es que la legitimidad viene de consensos y acuerdos, no necesariamente de resultados y promesas cumplidas, esos son alicientes que incentivan al ciudadano a mantenerse en su decisión de apoyar a una fuerza política o no, pero no son razones para considerar que alguien es un traidor a la patria o no.
Lo que tenemos enfrente es pues, el triunfo de un proyecto que no se negoció, no recopiló las demás voces y se impuso sobre uno de los pilares del sistema Constitucional de forma unilateral que ahora debería poder dar los resultados prometidos. Veamos pues si de verdad ganaron el domingo.
