Uno de los grandes activos que tiene la llamada izquierda en el mundo es su combate a la corrupción en todos los ámbitos y la transparencia en el manejo de los recursos públicos, eliminando la opacidad para que los ciudadanos nos enteremos de en qué y cómo se gastan los recursos provenientes de los impuestos que pagamos.
Es por ello sorprendente que, ocho años después del triunfo de la izquierda en nuestro país, la corrupción y la opacidad estén a la orden del día, como fenómenos en detrimento de la salud pública.
El gobierno anterior cometió dos errores que le están costando caro a la actual administración y al pueblo de México. El primero, la farsa de que con la llegada del nuevo gobierno se acabaría la corrupción, cosa que, como todos sabemos, no ocurrió. El segundo, en materia de transparencia, fue la desaparición de órganos independientes, como el IFAI primero y el INAI después, que frenaban la opacidad y que, curiosamente, siempre había sido una demanda de la izquierda.
Los recientes sucesos, pero no los únicos, derivados de la petición del gobierno de Trump han puesto al descubierto, con toda claridad, lo que ocurre hoy en México en materia de corrupción pública. Han sido, quizás, la gota que derramó el vaso. El gobierno los ha negado en muchas ocasiones y ha intentado ocultarlos y actuar en consecuencia, aunque hoy resulta ya casi imposible, según lo leemos a diario en los medios, entre noticias reales y falsas.
La transparencia es el gran faltante de los gobiernos de nuestro país. Lo ilustra con claridad la acción que intentó el señor Rocha siendo todavía gobernador, al enviar un proyecto de ley para extinguir el órgano autónomo encargado de la rendición de cuentas y trasladar sus funciones al Ejecutivo Estatal, imitando lo que el gobierno federal hizo con el INAI.
Como nunca antes se ha abusado, en estos ocho años, de la opacidad en la actividad pública. Ello se debe, en buena medida, al grave error cometido por el gobierno anterior -que el actual ha continuado- de encargar actividades comerciales y de vigilancia aduanera a las fuerzas militares, cuya misión constitucional es la defensa de la soberanía nacional y la seguridad interior, no la gestión de obra pública ni de negocios.
El argumento era que las fuerzas militares eran incorruptibles. El tiempo ha demostrado lo erróneo de esa afirmación. El abuso de clasificar información como “de seguridad nacional” cae por su propio peso cuando vemos qué es lo que se pretende proteger: la construcción del Tren Maya, del AIFA y de la Refinería de Dos Bocas, la administración de hoteles y, por supuesto, el control de aduanas y aeropuertos.
Cualquier persona entendería que la SEDENA reservara información sobre la adquisición de armamento o asuntos similares, pero lo que se ha hecho da la impresión de responder a otro propósito: proteger asignaciones a empresas o personas cercanas al poder, sin que se sepa a qué precios o -mejor dicho- sobreprecios, se realizaron.
La única manera de demostrar que eso es falso sería hacer públicas todas las obras y adquisiciones realizadas en los últimos ocho años por las fuerzas militares y que fueron clasificadas bajo el manto de la “seguridad nacional”.
Y lo más preocupante es que la opacidad se contagia. Ahí está el caso del Comité de Transparencia de la Cámara de Diputados, que decidió reservar por cinco años la información sobre el proceso de selección de los consejeros del INE.
Tal fue el escándalo que tuvieron que recular y transparentar -a medias-, la información. Pero el daño ya estaba hecho: el proceso quedó manchado por la opacidad.
Si se es de izquierda de verdad, la transparencia en el manejo de lo público es un principio fundamental, inseparable del combate real a la corrupción. Ambas cosas se necesitan demostrar con firmeza hoy.
